Real de Catorce, S.L.P. – El presidente municipal de Catorce, Juan Francisco Javier Sandoval Torres, y el síndico del ayuntamiento, José Adán Zamora Mata, han interpuesto una denuncia penal contra la exalcaldesa María Guadalupe Carrillo Rodríguez por presuntos delitos de despojo, falsificación de documentos, cohecho y ejercicio ilícito de funciones públicas.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de San Luis Potosí, expone una serie de irregularidades financieras y administrativas que habrían dejado al municipio en crisis, con múltiples obras públicas pagadas, pero no ejecutadas.
Obras pagadas, pero inexistentes
Entre los casos denunciados destacan dos contratos de obra pública:
Construcción de techos y pisos firmes en Cardoncita
📑 Contrato: IR-O-EST-245800007-2-2024
💰 Monto: $2,623,164.66
📅 Ejecución: 23 de abril – 21 de junio de 2024
✅ Solo 5 de 25 beneficiarios recibieron la obra parcialmente.
📌 Construcción de techos y pisos firmes en San José de Coronados
📑 Contrato: IR-O-EST-245800007-2-2024
💰 Monto: $1,387,505.12
📅 Ejecución: 15 de marzo – 30 de abril de 2024
✅ La obra se ejecutó solo de manera parcial.
🔎 Monto total presuntamente desviado: $4,010,669.78
Irregularidades financieras
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) detectó anomalías en 66 de 76 operaciones revisadas en la cuenta pública 2023. Esto sugiere que la administración de Carrillo Rodríguez manejó millones de pesos sin justificación clara.
Denuncia por despojo y enriquecimiento ilícito
La exalcaldesa también es acusada de apropiarse ilegalmente de terrenos municipales junto con familiares y allegados, utilizándolos para beneficio personal sin autorización.
Investigación en marcha
Las autoridades han solicitado:
✔️ Levantamiento topográfico de los bienes despojados.
✔️ Auditoría forense de los fondos utilizados en la administración 2021-2024.
✔️ Inspección ministerial de las obras inconclusas.
✔️ Integración de la auditoría estatal en la investigación penal.
Con esta denuncia, el gobierno actual busca recuperar los recursos desviados y sentar un precedente contra la corrupción. Ahora, la Fiscalía y el IFSE tienen la tarea de determinar si existen elementos para proceder penalmente contra Carrillo Rodríguez y otros posibles involucrados.
