Para analizar y enriquecer las iniciativas de reforma a la Ley de Salud y al Código Penal sobre el internamiento involuntario para el tratamiento de adicciones y salud mental, se llevó a cabo una mesa de trabajo con diputadas, autoridades, especialistas, directores de clínicas y centros de de rehabilitación y familias de personas adictas.
Las diputadas Martha Patricia Aradillas Aradillas, impulsora de la iniciativa y Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, escucharon las posturas de las familias y de personas ex adictas que plantearon sus experiencias y propuestas en beneficio de las personas que necesitan atención especializada.
La propuesta de reforma al Código Penal establece sanciones “cuando la víctima sea internada en una casa de salud mental o en un centro de tratamiento y rehabilitación sin su consentimiento, el de un familiar, tutor o representante legal”.
El internamiento forzado viola derechos fundamentales, como la libertad personal, el libre tránsito y la autonomía. El IMSS reportó en 2018 que el 67% de los pacientes con trastornos mentales fueron internados sin su consentimiento.
Exige que el internamiento se haga solo con consentimiento del paciente o de un tutor legal. Faculta al Estado a ofrecer atención digna, pública y voluntaria. Refuerza la idea de que la salud mental no puede ser excusa para encerrar a una persona.
Las personas que participaron en la mesa de trabajo, señalaron que las personas adictas generalmente no aceptan el tratamiento médico ni el internamiento, porque están fuera de la realidad y destacaron los beneficios que estos lugares generan en la vida de un enfermo; plantearon casos particulares donde se logró la rehabilitación.
La diputada Patricia Aradillas aclaró que la intención no es cerrar los anexos ni mucho menos dejar sin atención a las víctimas, ya que cualquier familiar puede internar al enfermo y lo que se busca es generar condiciones de trato digno y que no se invisibilicen; añadió que el Congreso del Estado legisla con las puertas abiertas y escucha a todos los ciudadanos que hagan aportaciones a cualquier ordenamiento.
La legisladora Frinné Azuara Yarzábal dijo que la iniciativa ya se analiza en la Comisión de Salud y Asistencia Social que preside, por lo que se trabaja en fortalecer las atribuciones y facultades de la familia y se va a solicitar la opinión a instancias relacionadas; aseguró que el dictamen final será consensuado antes de ser llevado al Pleno.
Estuvieron presentes en la reunión el director del Centro de Integración Juvenil, Iztahuatl Franco Carvajal; el representante de la Fiscalía General del Estado, Uriel Sanjuanero Delgado; el jefe del departamento de Salud Mental y Adicción Pedro Pablo Govea Rosales; el responsable de la Comisión de Bioética maestro Guillermo Ortiz; el jefe de Normatividad y Contrato de Bienes Inmuebles Delfino Mendoza Tejeda; y el especialista en salud pública Jaime Edwin Contreras Sánchez.
Cada uno de ellos hizo un posicionamiento sobre el área de su competencia, destacando el objetivo de esta propuesta de la legisladora y coincidieron en la importancia de analizar todos los aspectos.
También estuvieron presentes directores de centros de rehabilitación quienes señalaron la necesidad de que se apoye a estos lugares que salvan vidas; la diputada Martha Patricia Aradillas reiteró que la iniciativa no criminaliza a los familiares de las personas adictas y expuso que la iniciativa sobre una nueva Ley de Adicciones que regula los centros de tratamiento, ya se analiza pero se dará a conocer a profundidad en breve.
