- • La iniciativa plantea duplicar las sanciones en casos de presión, intimidación o manipulación del voto de pueblos indígenas y afromexicanos, estableciendo una multa que oscilaría entre los seiscientos días y una pena de prisión de hasta diez años para quienes incurran en estas prácticas.
Ciudad de México, – El diputado federal Francisco Adrián Castillo Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 7 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. La propuesta busca incrementar las sanciones para quienes ejerzan presión o manipulación sobre el electorado, particularmente cuando se trate de pueblos indígenas y afromexicanos, con el objetivo de proteger sus derechos y garantizar su participación libre y sin coacciones en los procesos electorales.
Durante la presentación de la iniciativa, el diputado Castillo Morales destacó la importancia de esta medida en un país que alberga a 68 pueblos indígenas y más de 25.7 millones de personas que se identifican como parte de comunidades indígenas. “Los pueblos originarios de México enfrentan un contexto de vulnerabilidad y desigualdad que los hace especialmente susceptibles a prácticas electorales ilícitas, y esta reforma busca blindar sus derechos y garantizar un voto libre y sin presiones externas”, subrayó el legislador.
La iniciativa plantea duplicar las sanciones en casos de presión, intimidación o manipulación del voto de pueblos indígenas y afromexicanos, estableciendo una multa que oscilaría entre los seiscientos días y una pena de prisión de hasta diez años para quienes incurran en estas prácticas. Esta adición responde a la situación de discriminación y desigualdad que afecta a estas comunidades, reconocida tanto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), instituciones que han documentado las barreras en el acceso a derechos fundamentales.
El diputado Castillo Morales también enfatizó que esta reforma responde a la obligación constitucional de proteger los derechos políticos de las comunidades indígenas, tal como lo establece el artículo 2 de la Constitución. “No podemos permitir que las circunstancias de desigualdad o ignorancia sean usadas para manipular la voluntad de nuestras comunidades originarias. Este proyecto de decreto es un paso firme para garantizar que el voto sea una expresión auténtica y libre de todos los ciudadanos, en especial de aquellos históricamente marginados”, concluyó.
