La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la reforma jurídica que ampliaba el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, por lo que se invalidó el decreto que cambiaba el octavo artículo transitorio de la llamada “Ley Bonilla”.

Por unanimidad, el pleno del máximo tribunal resolvió que el Congreso de Baja California buscaba cometer un fraude a la Constitución simulando el respeto a la misma, además de violar el derecho al voto y el principio constitucional de no reelección, al modificar una ley electoral un mes después de que se celebraron los comicios para elegir gobernador.

Un efecto inmediato de la resolución, votada también por el pleno, es que las elecciones para gobernador de Baja California que el Congreso estatal intentó aplazar hasta el 2024, deberán realizarse en el 2021, por lo que el inicio formal de la contienda tendrá que arrancar en los últimos meses del 2020.

El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, advirtió que la llamada “Ley Bonilla” representaba “un gran fraude a la Constitución” que violaba el principio constitucional de no reelección que establece la Carta Magna al pretender alterar los resultados de un proceso electoral ya concluido.