Por Esteban Espinoza Hernández
La presente semana ha evidenciado un nuevo capítulo en la creciente crisis de desapariciones en México, donde la indignación ciudadana por los recientes acontecimientos violentos, especialmente en Jalisco y Veracruz, ha llegado a impactar al gobierno federal. El descontento público llevó al presidente a enfrentar cuestionamientos incómodos y, en paralelo, a la renuncia irrevocable de Karla Quintana, hasta entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) señalan que, desde 1964, más de 111 mil personas han sido reportadas como desaparecidas en el país. La preocupación se intensifica al considerar que alrededor del 40% de esas desapariciones han ocurrido en los últimos años, es decir, durante el actual sexenio, sumando más de 44 mil casos.
Enfrentando esta situación, el presidente AMLO había mantenido una postura evasiva respecto al tema, eludiendo preguntas y negándose a reunirse con víctimas, grupos de búsqueda y expertos. Ante los reclamos, la respuesta oficial ha sido insistir en que “vamos bien”, un mantra que contradice el desolador hallazgo constante de restos humanos y la identificación de casi 3 mil fosas clandestinas desde diciembre de 2018.
Curiosamente, la renuncia de Karla Quintana surge tras la sugerencia presidencial de revisar el RNPED con el objetivo de reducir las estadísticas oficiales. Aunque las circunstancias exactas de su dimisión no están claras, queda en evidencia que la estrategia gubernamental no fue bien recibida por Quintana.
El presidente López Obrador, por su parte, defiende su “estrategia” en la búsqueda de personas y asegura que pronto habrá un informe detallado. Sin embargo, su discurso omite la empatía hacia las familias afectadas, no aborda las fallas institucionales ni reconoce la ineficacia de su enfoque de seguridad.
Paradójicamente, mientras los recursos se destinan a verificar si las personas reportadas siguen desaparecidas, se limitan las capacidades del Estado para el objetivo principal: buscar a las víctimas y generar inteligencia efectiva.
Resulta preocupante que las familias sean responsables de buscar a sus seres queridos, en lugar de las instituciones diseñadas para hacerlo. Esta dinámica desvía recursos y es un reflejo del fracaso institucional.
El combate a la desaparición de personas implica enfrentar el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y otros delitos que contribuyen a este fenómeno. El Estado debe fortalecer su capacidad para prevenir y sancionar delitos, acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia.
Es crucial recordar que el objetivo no es reducir estadísticas a través de artificios, sino proporcionar apoyo real a quienes buscan a sus seres queridos y erradicar las causas fundamentales de la desaparición. En última instancia, el enfoque debe centrarse en reducir el número de víctimas, no simplemente en reducir cifras.
En lo que respecta a SLP se ha revelado que aproximadamente 200 personas han desaparecido durante el primer semestre del año 2023, Diversos colectivos y grupos de búsqueda enfatizan que las prácticas de violencia implementadas por el crimen organizado en estas situaciones ponen en evidencia las fallas en el estado de derecho y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades. Lamentablemente, se señala que no existe un interés genuino en la vida de aquellos que han desaparecido ni en el sufrimiento de quienes los buscan, lo que refleja una política nacional que no prioriza la atención a los desaparecidos.
La FGE reporta la existencia de 198 fichas de búsqueda de personas no localizadas en San Luis Potosí, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) maneja un total de 168 fichas de personas desaparecidas. Más del 50% de estos casos pertenecen a la Zona Media y Huasteca, subrayando la problemática en estas áreas.
Un aspecto preocupante es el incremento de mujeres desaparecidas en comparación con años anteriores. Si bien históricamente eran los hombres quienes figuraban predominantemente en las estadísticas de desapariciones, en la actualidad, la situación ha evolucionado. Aproximadamente 4 de cada 10 registros de desapariciones corresponden ahora a mujeres.
Esta persistente crisis de desapariciones en San Luis Potosí refleja un desafío de proporciones profundas, en donde las familias afectadas y los colectivos de búsqueda siguen enfrentando un camino arduo en busca de respuestas y justicia. La problemática también subraya la necesidad urgente de una respuesta gubernamental efectiva para abordar esta violación de los derechos humanos y devolver la esperanza y tranquilidad a las comunidades afectadas.
Hasta la próxima
