por Esteban Espinoza
El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un paquete de 20 reformas constitucionales ha generado un intenso debate en el ámbito político y académico. Si bien es loable buscar la participación ciudadana en decisiones trascendentales, es fundamental analizar de manera crítica cada una de estas propuestas y evaluar su viabilidad, coherencia y efectos a largo plazo.
Entre las reformas planteadas, destacan medidas dirigidas a ampliar derechos sociales y proteger el medio ambiente, como el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, el derecho a pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, así como la prohibición del maltrato animal y del fracking para la extracción de hidrocarburos. Estas iniciativas reflejan una preocupación legítima por el bienestar social y la sostenibilidad ambiental, aunque su implementación requerirá un cuidadoso diseño y financiamiento adecuado.
Sin embargo, algunas propuestas generan preocupación debido a su potencial impacto negativo en la economía y el sistema institucional del país. La reversión de las reformas de pensiones de 1997 y 2007, por ejemplo, plantea desafíos financieros significativos y podría comprometer la estabilidad fiscal a largo plazo. De igual manera, la eliminación de organismos autónomos sin un análisis detallado de sus funciones y contribuciones podría debilitar el Estado de derecho y la rendición de cuentas.
Es crucial destacar que la efectividad de estas reformas dependerá en gran medida de su implementación y seguimiento. La inclusión de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas robustos es fundamental para garantizar que estas medidas cumplan con sus objetivos y no generen efectos no deseados. Asimismo, es necesario fomentar un diálogo constructivo entre todos los actores involucrados, incluyendo expertos, sociedad civil y partidos políticos, para enriquecer el debate y asegurar que las decisiones tomadas sean en beneficio del país en su conjunto.
En conclusión, si bien es alentador ver un compromiso por parte del gobierno federal en abordar problemas urgentes y promover el bienestar social, es esencial que estas iniciativas se basen en evidencia sólida, respeten los principios democráticos y sean implementadas de manera responsable y transparente. Solo así podremos construir un México más justo, próspero y democrático para todos sus habitantes.sin embargo es de todos sabido que dichas reformas salen en un tiempo que quizas para muchos es la cortina de humo perfecta al ver que la candidata de MORENA y sus aliados sigue estancada y lejos de crecer desde palacio nacional estan obligando a retomar estas reformas como plataforma electoral y crear un discurso alterno para promover lo que AMLO quiere al perder una vez más la agenda pública al ser señalado por la DEA como parte de una investigación donde sus campañas fueron financiadas por el narco en México y sus mas cercanos colaboradores han enmudecido y dejado solo al mandantario mexicano que lejos de aclarar y a su estilo se hace la víctima a los ojos del mundo, perdiendo lo ganado y en una encrucijada a meses de la elección presidencial y cambio de batuta del país donde se han acortado las distancias con sus opositores .
Estas son las 20 reformas constitucionales:
1. Reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
2. Derecho a pensión a adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto cada año; además de un apoyo universal para las personas con discapacidad.
3. Becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
4. Atención médica universal gratuita.
5. Que los trabajadores y familias puedan ser dueños de sus viviendas.
6. Prohibir el maltrato animal.
7. No otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos.
8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo; penalizar con severidad el delito de extorsión de la delincuencia organizada y el delito fiscal ejercido por la delincuencia mediante factureras.
10. No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
11. El salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no será menor a lo que perciben los trabajadores afiliados al seguro social.
12. Revertir las reformas de pensiones, tanto la de 1997 como la de 2007, por medio de la creación de un fondo semilla que se irá incrementando, al tiempo que se utilizará para compensar a los trabajadores afectados por la legislación actual que data de la década de los noventa.
13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo, con la creación de un esquema de contratación para los jóvenes cuando no estén trabajando ni estudiando, que consiste en el equivalente a un salario mínimo durante un año.
14. Mejorar las condiciones de los campesinos a través de “un jornal justo y permanente”, como una extensión del programa Sembrando Vida.
15. Utilizar para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados y destinados al transporte de carga; garantizar el derecho a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o concesiones a particulares; y devolver a la CFE su carácter de “empresa pública estratégica”.
16. Una nueva iniciativa de reforma electoral, que contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos, además de disminuir el número de regidores en ayuntamientos, eliminar las candidaturas plurinominales, y reducir el Congreso de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores. Que los consejeros y magistrados de los organismos electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía.
17. Los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados por legisladores, serán electos de manera directa por el pueblo.
18. Traspasar la Guardia Nacional a la Sedena.
19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. López Obrador llamó a volver a redactar “con mayor claridad y contundencia” el artículo 127 constitucional, con el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que percibe legalmente el presidente de la República.
20. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas “supuestamente autónomos”. hasta la próxima
