No puede hablarse plenamente de un proceso de desarrollo económico y social integral si la violencia y las funestas consecuencias que genera pueden pervivir sin que la autoridad sea capaz de enfrentarla con éxito y sancionar conforme a derecho a quienes quebrantan el orden jurídico.

Desde esta perspectiva, México vive un momento crítico de indefinición de rumbo y sentido de la acción pública, pues a pesar de algunos avances, estructuralmente enfrentamos un largo periodo de estancamiento económico, una inaceptable profundización de las desigualdades y también una pauperización masiva, que incluye no sólo la pérdida de capacidades económicas para la subsistencia, sino en general, del acceso a la justicia en todas sus esferas.

En el pensamiento político contemporáneo se ha asumido, con razón, que el desarrollo no puede entenderse sin la libertad, en su sentido más amplio, lo cual exige un amplio espectro de cobertura de los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional. Ello exige regímenes democráticos plenamente transparentes en el ejercicio del gobierno, y con una amplia base social de soporte, cimentado en la confianza en las instituciones.

Eso es justamente lo que está en juego en el país: la mayoría de la población desconfía de las instituciones, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia; problemática que, de no resolverse, continuará erosionando la posibilidad de vivir en una sociedad desarrollada, capaz de crecer para generar equidad.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Inegi, ENCIG, 2013 y 2015) muestra que, entre los años señalados, creció la percepción ciudadana respecto de una extendida corrupción en todos los ámbitos gubernamentales. En efecto, de acuerdo con esta información, lo primero que debe destacarse es que la corrupción pasó a ser el segundo mayor problema percibido en las entidades de la República.

De acuerdo con esta encuesta, la ciudadanía reporta que la inseguridad y la delincuencia son los mayores problemas en su entidad, con porcentajes de 70.4% y 66.4%, en los años 2013 y 2015, respectivamente.

El cambio más significativo en estos resultados es que en 2013 el segundo mayor problema identificado por la población era el desempleo, con 51% de las percepciones, mientras que la corrupción se ubicaba en  48.5%. Para el año 2015 el orden de estas problemáticas se invirtió, con 50.9% de la ciudadanía que en 2015 percibió como segundo mayor problema de su estado a la corrupción, mientras que  40.5% ubicó al desempleo como el tercer problema más relevante. Destaca asimismo que el cuarto mayor problema percibido por la población es el de la pobreza, con porcentajes de 39.3% en 2013 y de 36.2% en 2015.

Todo ello es importante, porque el quinto problema en dimensión en las percepciones ciudadanas es el relativo al “mal desempeño del gobierno”, las cuales crecieron de 30.8% en 2013, a 35% en 2015.

Otro de los rubros en que crece la percepción negativa respecto de la autoridad pública es el relativo a la “mala aplicación de la ley”, capítulo en el cual el indicador creció de 8.3% en  2013 a 13.5% en 2015.

Todos estos aspectos se relacionan con el tema relativo a la rendición de cuentas, tema que comienza a ser relevante en la percepción ciudadana, pues mientras que en 2013 se captó a un 3.5% que considera a esta situación como uno de los principales problemas de su Entidad, en  2015 la proporción creció a 5.3%.

En medio de todo ello, destaca que uno de los ámbitos en que en mayor medida creció la percepción negativa, en términos de ser uno de los mayores problemas de las entidades, es la “mala atención en centros de salud y hospitales públicos”, la cual pasó de 17.9% a 25.7% en el mismo lapso señalado.

Las entidades en donde en 2015 el Inegi identifica mayores niveles de percepción ciudadana, respecto de que la corrupción es muy frecuente o frecuente en sus entidades son, en primer lugar, la Ciudad de México, con 95.1% de las y los ciudadanos; en segundo lugar se encuentra Tabasco, con 94.1%; le sigue Chiapas en tercer sitio, con 94%; en cuarto lugar está Guerrero, con 93%, y en quinto sitio Jalisco, con 92.3%. Adicionalmente hay cinco entidades con un indicador superior a 90%: Oaxaca con 92.2%, Morelos con 90.7%, Michoacán con 90.7%, San Luis Potosí con 90.1% y el Estado de México con 90%.

En este capítulo es de destacarse que las entidades en que en mayor medida creció la percepción respecto de una alta frecuencia de la corrupción en sus gobiernos son: Chiapas, con un crecimiento de 9.4 puntos porcentuales entre 2013 y 2015; Querétaro, con un crecimiento de 8.2 puntos porcentuales; San Luis Potosí, con 7.8 puntos adicionales; Baja California, con 6 puntos porcentuales más, y Colima, con un crecimiento de 5.3 puntos porcentuales.

Según los datos vertidos por el Inegi, el costo que tuvo la corrupción identificada, fundamentalmente respecto de autoridades de seguridad pública y de tránsito, asciende en el país a 6 mil 418 millones de pesos, lo que hace un promedio por persona de alrededor de 2 mil 799 pesos al año.