Hoy López Obrador ha pedido a los trabajadores del aguacate de Michoacán que desistan de su grupo armado privado y confíen en las autoridades: “Estamos haciendo un esfuerzo en Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, en todos lados, para proteger a la población y combatir a la delincuencia. Y estamos avanzando en ese sentido”. Hartos de la violencia de los grupos organizados, los trabajadores de cuatro municipios michoacanos de la sierra han conformado un cuerpo de seguridad paralelo, denominado Pueblos Unidos, que vigila quién ingresa en su territorio.

José Luis Mata, un productor de la periferia de Uruapan, capital de la producción del aguacate, justifica las acciones de sus vecinos serranos. “Los muchachos se han visto obligados a hacer la lucha por su cuenta”, explica por teléfono. Mata reconoce que en los últimos tiempos se han intensificado las extorsiones. “Nos piden mucha cuota y no tenemos a quién reclamar. El campo no tiene gobierno en Michoacán”, apunta en relación a las pocas esperanzas de que la situación cambie con la llegada del nuevo gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, tras ganar las elecciones del 6 de junio.

Michoacán es el primer productor del mundo de aguacate, alrededor del 70% de la producción sale de este Estado al oeste de México. La fiebre por el oro verde se ha convertido en suerte y maldición de los agricultores michoacanos. Con el boom de demanda, especialmente de Estados Unidos, llegó el dinero rápido, pero también la violencia, la deforestación y la precariedad laboral.

Desde hace años, los grupos del crimen organizado se disputan el control del territorio y los vecinos y empresarios se quedaron atrapados en una feroz lucha de carteles. En 2014, la zona sufrió un pico de violencia con la disputa de los grupos hegemónicos de entonces —La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios— quienes querían su parte del pastel. La respuesta en aquel tiempo de muchos productores y vecinos de los pueblos serranos fue también levantarse en armas constituyendo las llamadas autodefensas. La caída de los grandes capos bajó el nivel de intensidad y desplazó el foco mediático a otras zonas calientes del país. Pero la violencia nunca se fue. Ahora, los productores se enfrentan a Los Viagras y al Cartel Jalisco Nueva Generación, liderado por El Mencho. De la invasión de tierras y huertas se ha pasado a las amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos.

Ante esta oleada de violencia, los empresarios, que dicen sentirse desprotegidos y abandonados por el Gobierno, comenzaron a pagar a soldados bajo la premisa de que les sale “más barato comprar un rifle que pagar extorsiones”. Sobre esta nueva milicia armada, formada hace unos ocho meses, los comandantes de Pueblos Unidos han asegurado a Milenio que no se trata de un grupo de autodefensa y que se disolvería si el Estado logra garantizar la seguridad de los municipios. “Que se nos dé el permiso a defendernos. Queremos que no nos desarmen y que nos respeten”, reclaman, “que hagan el trabajo que nosotros estamos haciendo y a lo mejor nos retiramos”.