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El IFSE confirmó la inhabilitación del diputado del PAN, Marcelino Rivera, hasta por 20 años para ocupar cargos públicos.

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El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López señaló que la resolución está firme y no ha sido suspendida ni anulada, por lo tanto, el diputado no puede tomar protesta en el Congreso del Estado.

De acuerdo al IFSE, desde el 23 de mayo de este año se notificó a Marcelino Rivera de la resolución de inhabilitación para ocupar cargos públicos por 20 años, del pago de un resarcimiento superior a los 13 millones de pesos y una multa de 800 mil pesos, aproximadamente.

Estas sanciones derivan de irregularidades observadas en su gestión como Presidente Municipal de San Martín Chalchicuautla de 2012 a 2015.

En la auditoría practicada a la Cuenta Pública 2013, la entonces Auditoría Superior del Estado detectó observaciones cercanas a los 13 millones de pesos que el expresidente municipal no pudo solventar.

“Pasó por un procedimiento sumamente largo en el que tuvo diversas oportunidades para comprobar este gasto y no lo hizo”, aseguró el titular del IFSE.

Informó que se inscribió a Marcelino Rivera en el Padrón de Funcionarios Inhabilitados y se notificó tanto al Congreso del Estado como al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de la resolución.

“Marcelino N. conocía el 14 de septiembre, día de la toma de protesta de los diputados de la nueva Legislatura Local, que un juez federal le negó la suspensión de la inhabilitación y ésta no ha sido revocada, nulificada, ni suspendida por alguna autoridad competente; por lo tanto, no puede tomar protesta”, indicó Lecourtois.

Reiteró que la resolución se encuentra firme y que el Tribunal Electoral no es competente para resolver cuestiones administrativas, solamente electorales y estos son dos temas completamente distintos.

Lecourtois López agregó que expedientes similares a este caso serán presentados a las autoridades competentes a la brevedad, e hizo un llamado a los municipios a no contratar funcionarios inhabilitados.

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