El Delito de Extorsión
El día de antier, el llamado “zar” antidelincuencia, Omar García Harfuch, anunció una nueva estrategia de combate a la extorsión. Este es un delito que agravia a millones de mexicanos, quienes día a día son víctimas tanto de la delincuencia organizada como de la no organizada; es decir, de aquellas personas oportunistas y vividoras que explotan la preocupación, la vulnerabilidad y los altos índices de inseguridad que padece nuestro país.
Este delito tiene varias variantes. Una de ellas es el conocido “cobro de piso”, donde emisarios llegan a negocios de todo tipo y, haciéndose pasar por miembros de grupos delincuenciales (o siéndolo), exigen un pago de “protección” para no ser víctima de otros criminales. Establecen una cuota que debe ser entregada en fechas obligatorias. En caso contrario, agreden los negocios de distintas formas o incluso a los propios dueños, quienes, se sabe, en muchos casos han sido secuestrados, desaparecidos o lesionados. Este delito, que ha crecido exponencialmente, lo padecen todos los sectores sociales. Incluso, en muchos casos, ni siquiera se trata de grupos organizados, sino de dos o tres delincuentes que idean esta forma de hacer dinero y operan a menor escala, pero siempre obteniendo un lucro indebido.
Ante esto, el primer punto es que el gobierno federal debe restablecer la confianza de los gobernados que son víctimas de esta situación: empresarios, comerciantes, transportistas y toda actividad productiva que recibe el embate de este delito. Sin embargo, muchos temen denunciar dada la presunta colusión de autoridades en los tres niveles de gobierno. Esta sería la primera tarea y, quizá, la más difícil, porque la confianza en la autoridad preventiva —es decir, en las policías— es casi nula. Los ciudadanos también dan cuenta día a día de la extorsión que reciben de funcionarios públicos, policías y fiscales que, faltando a su deber de lealtad, lejos de brindar protección, obstaculizan la justicia. Habrá que esperar a ver cuál será la estrategia concreta para atacar este delito, esperando que sea en beneficio de la sociedad.
Asimismo, es importante señalar que la última reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego limitó, y casi nulificó, la posibilidad de que los ciudadanos de bien posean un arma para su defensa, y menos aún un permiso de portación. Esto, sin lugar a dudas, pone a la sociedad civil en desventaja ante el embate de la delincuencia. La nueva ley vino a coartar la libertad de protección personal. Dada esta circunstancia, ahora el ciudadano tendrá que valorar entre incurrir en un delito al tener un arma para protegerse o ser una víctima potencial que puede perder su tranquilidad, sus bienes y hasta su vida.
Hay otro aspecto que me parece el más lacerante por su crecimiento desmesurado: la extorsión telefónica, de la que todos los ciudadanos que poseemos un teléfono somos susceptibles. Recibimos llamadas con el fin de extorsionar, amenazando con causar daño a nuestra persona, familia o bienes. Incluso el que esto escribe ha sido víctima de estos intentos en más de una ocasión. El ataque telefónico es tan feroz que afecta tu seguridad en el momento, generando nerviosismo, miedo y terror, pues aprovechan el factor sorpresa para hacerse pasar por terceros o incluso por un familiar, amenazándote o, en el menor de los casos, aprovechando tu confusión para hacerte caer en un fraude.
He insistido mucho a legisladores y personas con capacidad de influencia sobre una parte de la solución, la cual es muy sencilla. Una vez que el extorsionador proporciona un número de tarjeta de débito y un supuesto nombre (que casi nunca coincide), buscan proteger la identidad del propietario final de la cuenta. Si se llegara a presentar una denuncia, la autoridad investigadora tardará demasiado tiempo en obtener los datos del titular de la cuenta a la que se deposita el dinero.
He propuesto en varios foros que se modifique la ley bancaria y mercantil en lo correspondiente a depósitos y transferencias. La propuesta es esta: que, en lo sucesivo, al momento de que una persona realice un depósito (ya sea vía transferencia, en tiendas de conveniencia o bancos), si el número de cuenta no coincide con el nombre exacto del titular, la operación se rechace en automático.
Esto tendría como efecto coartar, al menos momentáneamente, la entrega del dinero para que se consume el delito. O, como mínimo, tendría el efecto de que quien realiza el depósito sepa el nombre real del titular de la cuenta, lo que llevaría a una reducción sustancial de estos actos. He realizado un análisis de las leyes y los sistemas tecnológicos actuales, y definitivamente es posible implementar esta reglamentación. Créanme, con esto se reduciría enormemente la extorsión telefónica.
Habrá que ver si alguien se interesa por este tema y lo lleva ante quien está en posibilidad de cambiar la ley; en este caso, ante el “zar” antidelincuencia y todos aquellos que formarán parte de esta nueva lucha frontal. Este aporte es sencillo, pero si lo toman en cuenta, tendrá un impacto exponencial en el combate a este delito.
Hasta aquí mi comentario.