Desde hace meses, mucho se ha hablado de los conflictos existentes entre el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, representado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien desde hace tiempo ha manifestado la firme intención —y ha actuado en consecuencia— de escamotear los recursos económicos que por ley está obligado a destinar al buen funcionamiento de la máxima casa de estudios del estado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Es bien sabido que una de las costumbres del actual gobernador es ejercer un control absoluto sobre todos los recursos económicos, personales y políticos que debería administrar en beneficio de los potosinos. Sin embargo, por razones que se desconocen, el mandatario ha mostrado una férrea resistencia a entregar de manera puntual los recursos que, debidamente etiquetados, corresponden a la Universidad.
Debe dejarse en claro que el gobernador no tiene ni debe tener la facultad de decidir a su antojo si entrega o no dichos recursos, ya que estos provienen del Gobierno Federal con una asignación específica dentro del rubro de educación. Su papel se limita únicamente a transferirlos a la institución, no a recortarlos, retenerlos o desviarlos, pues al hacerlo incurre en una irregularidad que podría considerarse un grave desvío de recursos públicos en perjuicio directo de la comunidad estudiantil.
No obstante, la actitud contumaz del gobernador es un asunto que corresponde sancionar a la Federación, misma que, lamentablemente, se ha mantenido pasiva e inerte ante esta situación.
No sorprende este tipo de conductas por parte del mandatario potosino; sin embargo, en la historia del estado jamás se había registrado semejante insensatez, que perjudica directamente a una institución que ha sido símbolo de generaciones enteras de profesionistas y orgullo académico de San Luis Potosí.
Hoy vemos cómo el gobernador aprovecha cualquier resquicio de debilidad institucional o personal para vulnerar derechos a su antojo y, quizá, a su conveniencia, sin importar el perjuicio que ello pueda causar a la ciudadanía. En este caso, ha sabido explotar la falta de liderazgo, unidad y solidaridad que antes caracterizaba tanto a la base estudiantilcomo a la sociedad potosina con respecto a la rectoría de la UASLP.
En particular, el gobernador ha capitalizado la debilidad pública y constante que representa la figura del rector, Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, quien no ha logrado aglutinar simpatías ni consolidar un liderazgo sólido en su gestión. Incluso ha enfrentado graves señalamientos y críticas internas dentro de la propia universidad, lo que ha facilitado que el Ejecutivo estatal ningunee a esta insigne institución educativa.
Lo más preocupante es que, más allá de las antipatías personales hacia el rector, la comunidad universitaria no ha sabido unirse en estos momentos críticos para demostrarle al gobierno estatal que la UASLP no es simplemente una fábrica de profesionistas, sino una institución formadora de mujeres y hombres que han sostenido gran parte del progreso histórico de San Luis Potosí. Su importancia trasciende los caprichos y ambiciones personales, pues representa un legado de excelencia, prestigio y compromiso social, reconocido a nivel nacional e internacional.
Por todo lo anterior, es indispensable convocar a la comunidad universitaria en su conjunto para que, más allá de diferencias, desacuerdos, rencores o falta de afinidad, se deje de lado toda actitud negativa y se unan en la defensa de la autonomía y la grandeza de nuestra universidad.
Es momento de exigir con firmeza a los gobiernos estatal y federal la entrega puntual de los recursos que por ley corresponden a la UASLP, recursos que han sido interrumpidos sin causas claras ni justificadas.
Ojalá toda la comunidad universitaria deje de lado las luchas internas y se disponga a defender a nuestra querida institución. Ya habrá tiempo después para resolver las diferencias internas; hoy, lo urgente es la unidad y la defensa decidida de la máxima casa de estudios.