Un operativo realizado en un lote de compra venta de vehículos extranjeros en Reynosa, Tamaulipas, para verificar el cumplimiento de impuestos de los propietarios, arrojó un embargo de 137 unidades de lujo ilegales, así como reconocimiento de pago de cuotas de hasta 300 dólares a grupos delincuenciales.

Del total de vehículos embargados, destacan automóviles europeos, deportivos y de lujo (BMW, Jaguar, Volvo, Tahoe y otros); la mayor parte de ellos con valor comercial muy superior a los $150 mil pesos.

Los posesionarios de los vehículos, reconocieron pagar cuotas que van desde los $100 hasta los $300 dólares a presuntos integrantes del crimen organizado para permitirles el ingreso de los automóviles a territorio nacional.

Estas acciones forman parte del apoyo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en las que el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos, llevó a cabo visitas domiciliarias a dichos establecimientos que comercializan unidades de reciente modelo procedentes de los Estados Unidos.

El objetivo de las autoridades federales y estatales fue verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales y aduaneras relacionadas con automóviles de procedencia extranjera.

Durante el operativo realizado en un lote ubicado sobre el Boulevard Hidalgo, se corroboró que los autos ofertados cumplieran con el pago del Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, Cuotas Compensatorias, Derecho de Trámite Aduanero, así como la legal importación, tenencia y estancia en el país de los vehículos de procedencia extranjera.

Las visitas se realizaron con el acompañamiento de elementos de la Policía Estatal Acreditable y de la Secretaría de Marina Armada de México, para garantizar el orden y la seguridad de los operativos en los que llevó a cabo el embargo de los vehículos que no cumplieron con las disposiciones arriba descritas.

Con estas actividades, el Gobierno del Estado, reiteró su compromiso con el orden y la seguridad, atacando la comercialización de bienes que podrían representar fuentes de financiamiento ilícito de grupos delictivos, nunca al patrimonio de las familias tamaulipecas.