Las personas privadas de su libertad están en completo riesgo ante situaciones como la que actualmente está viviendo el país por el covid-19.

 

Después de que el Senado de la República aprobara la Ley Amnistía, la diputada Marite Hernández Correa manifestó que dicha ley tiene un calado hondo en nuestro país, pues existe una situación de discriminación profunda, racismo e injusticia que ha padecido mucha gente durante décadas.

 

Consideró que es un asunto de justicia social, pues es viable por justicia y necesario ante la emergencia sanitaria, pues son las cárceles los lugares en donde las personas privadas de su libertad están en completo riesgo ante situaciones como la que actualmente está viviendo el país por el COVID-19.

 

Hernández Correa expresó que esta Ley es perdonar y extinguir las sanciones expuestas a personas en los casos que se señala en esta ley de amnistía, robos simples, interrupción del embarazo, posesiones menores de drogas, participaciones forzadas en narcotráfico, protestas sociales o violaciones al debido proceso en materia de pueblos indígenas, cuando la persona pertenezca a un pueblo indígena y este no haya tenido algún traductor o ha sido violentado en el debido proceso.

 

“Es un acto de justicia social, si bien es cierto que con esta situación de pandemia o de emergencia sanitaria que tenemos la situación de cárceles es muy delicada porque al final de cuentas tenemos una sociedad que excluye y que discrimina.”

 

Enfatizó que puede haber críticas en el sentido de la aprobación de la Ley, sin embargo, no se debe olvidar que es un acto de justicia social, humanitario pues se viven tiempos complejos y las personas que viven recluidas la pasan de una manera muy complicada.

 

Finalmente manifestó que hay personas que no debieran estar en la cárcel por su situación vulnerable, como pertenecer a un pueblo indígena, por lo que hay que revisar los mecanismos que se tienen que implementar en San Luis Potosí para poder llevar una legislación acorde a la federal.