Para el próximo año, los estados y municipios contarán con más de 8 mil millones de pesos para poder combatir en mejores condiciones la inseguridad pública que azota al país.

También tendrán la posibilidad de potenciarlos para multiplicar dichos recursos que forman parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP).

Así lo aprobó por mayoría la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2023.

Diputados avalaron la propuesta del Ejecutivo federal contenida en un artículo transitorio de la LIF del siguiente año, cuya minuta se presentará hoy ante el Pleno para su discusión y eventual aprobación.

Para 2022, este fondo a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dispone de 7 mil 980 millones de pesos, 3.8% más que el año pasado, para que los estados hagan frente a los retos que tienen en materia de seguridad.

Sobre el tema, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Arturo Medina, dijo que esta fuente de recursos traerá muchos beneficios para los estados y municipios.

Lo anterior, porque por primera vez este fondo presupuestal tendrá el monto más alto, por 8 mil 700 millones de pesos, que se van a distribuir entre todas las entidades federativas y sus municipios, subrayó.

Medina refirió que actualmente, a través del FASP, sólo se puede usar para algunas cuestiones específicas como en infraestructura para seguridad pública, pero no en equipamiento, como piden los municipios y los estados.

Se aprobó que los municipios podrán gastar estos recursos en movilidad, es decir patrullas, motocicletas, equipo y otros implementos que requieren cuerpos de policía municipal, precisó.