A través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, el gobierno de Donald Trump, señaló a dos empresas como fachada de Los Cuinis para el lavado de dinero procedente de la venta de drogas.
Bajo la medida, el Departamento de Tesoro ordenó la confiscación de bienes y servicios ligados a las dos empresas fachada de González Valencia, quien se encuentra bajo la jurisdicción estadunidense.
Las empresas sancionadas fueron estipuladas por la OFAC como “fachada” creadas o cooptadas con el objetivo de ocultar los intereses de González Valencia, de Los Cuinis y de sus aliados.
“En coordinación con la policía y el gobierno mexicano, la OFAC trabaja incansablemente para exponer e interrumpir las operaciones y los bienes de estas organizaciones”, indicó en un comunicado, John E. Smith, director de la OFAC.
Las dos empresas sancionadas son Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, SA de CV. Inmobiliaria Yorv actúa como administradora de la propiedad Plaza Los Tules, centro comercial ubicado en Zapopan, Jalisco. Grupo Segtac es administrador de la propiedad Xaman Ha Center, un centro comercial en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Los dos centros comerciales indiciados por el Departamento del Tesoro, habrían sido inicialmente administrados por Bric inmobiliaria y Ahome Real Estate, SA de CV, que en 2015 fueron sancionadas por la OFAC.
Desde el 8 de abril de 2015, el gobierno de Estados Unidos designó a González Valencia, a Los Cuinis y al CJNG, como “narcotraficantes más significativos”. Como líder de este último cartel, Estados Unidos sancionó y designo por igual a Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho.
Bajo la designación de las dos empresas relacionadas con Los Cuinis, el gobierno de Estados Unidos sancionará a todo estadunidense y empresa que tenga relaciones con las entidades vinculadas al narcotráfico.
Las sanciones civiles por violar estas leyes implican un multa de hasta un millón 473 mil 153 dólares y una sentencia de hasta cinco años de prisión. Para directivos de empresas el castigo puede ser de hasta 30 años de cárcel y un sanción de hasta cinco millones de dólares. En caso de penas criminales la multa a una empresa puede llegar hasta 10 millones de dólares y 10 años de prisión para los directivos involucrados.
