Rioverde, S.L.P. — Una grave denuncia por presunto abuso de autoridad, allanamiento de morada, agresión física y amenazas de muerte pesa sobre elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de que saliera a la luz material en video donde se observa el ingreso violento de uniformados a un domicilio ubicado en el municipio de Rioverde.
De acuerdo con la denuncia pública realizada por las víctimas, los hechos ocurrieron originalmente el pasado 15 de octubre, cuando los oficiales irrumpieron en el inmueble derribando la puerta de acceso y sin presentar una orden judicial. Durante la intervención, los elementos presuntamente agredieron físicamente a los integrantes de la familia, entre ellos a un joven, al padre de familia y a una mujer en estado de gestación, a quien presuntamente encañonaron con una pistola tras intentar defender a sus familiares.
En las grabaciones se aprecia el momento en que los uniformados forcejean con los moradores para arrebatarles los dispositivos móviles. Las víctimas señalaron que los agentes les borraron transmisiones en vivo que realizaban a través de redes sociales y procedieron a sustraer teléfonos celulares, cámaras de seguridad, el equipo de módem de internet y ahorros destinados a los gastos médicos del embarazo.
La afectada explicó que no habían hecho público el material gráfico por temor a represalias, debido a que los elementos policiales los habrían amenazado explícitamente con quitarles la vida e irrumpir nuevamente en su vivienda si difundían lo sucedido.
Sin embargo, la decisión de hacer públicas las pruebas se tomó luego de que este lunes 19 de octubre, alrededor del mediodía, presuntos elementos de la misma corporación regresaron e ingresaron al predio contiguo con la presunta intención de entrar de nueva cuenta al domicilio.
Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado a la opinión pública, a los organismos defensores de derechos humanos y a la Fiscalía General del Estado (FGESLP) para que intervengan de manera urgente. Asimismo, la familia responsabilizó de manera directa a la Guardia Civil Estatal por cualquier atentado que sufran en su integridad o en la de sus seres queridos.
Exigen la intervención inmediata de la Asuntos Internos de la SSPCE y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para investigar el actuar de los elementos y otorgar medidas de protección a la familia afectada.
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