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Fortalecen procedimientos de fiscalización ASE y CGE mediante firma de convenio.

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Esteban Espinoza / SLP

La Auditoría Superior del Estado y la Contraloría General del Estado formalizaron hoy un Convenio de Colaboración, con el objeto de fortalecer sus procesos de fiscalización y mejorar la definición y cumplimiento de sus respectivos programas anuales de auditoría; dicho convenio también impulsará la homologación de procedimientos, técnicas, criterios y práctica de normas profesionales en materia de auditoría.

En el ámbito del quehacer de ambas instituciones, el convenio promueve el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, lo cual impactará de manera favorable la cobertura y alcance de las auditorías que ambas dependencias realizan.

La firma del convenio por medio del cual los titulares de la ASE y la CGE se comprometieron a trabajar de manera coordinada para lograr el cumplimiento de objetivos específicos, se llevó a cabo en un evento realizado en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado, y sus premisas son:

Identificar Áreas comunes de auditoría y fiscalización; Evitar duplicidades y omisiones en la fiscalización; Ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización; Impulsar la adopción de normas, procedimientos, métodos y sistemas que les permitan ser más eficientes; Promover la cultura de la legalidad y rendición de cuentas.

Los compromisos para ambas instituciones también incluyen compartir conocimientos y aprovechar la infraestructura existente en cada organismo de revisión, con el propósito de potenciar la capacitación y el desarrollo del personal auditor; de igual forma acordaron participar conjuntamente en el diseño y realización de programas de asistencia técnica y capacitación, así como establecer reuniones periódicas de trabajo para la implementación de acciones de mejora que mitiguen los hechos de corrupción y las faltas administrativas que se conozcan.

Con este convenio se da cumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción, y permite garantizar a la ciudadanía que la revisión al ejercicio de los recursos públicos se dará de forma más ordenada, sistemática e integral.

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