Esteban Espinoza / San Luis Potosí
Funcionario de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) del estado de San Luis Potosí ha sido señalado por negarse a brindar atención institucional a una adolescente víctima de trata de personas, rescatada recientemente en el municipio de Ébanp
De acuerdo con la queja formal presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y de la que Zona Potosina tiene copia, la menor fue rescatada por la Fiscalía General del Estado mientras era explotada sexualmente en un bar. La víctima fue trasladada a la capital potosina por autoridades municipales, en busca de resguardo y atención especializada en un centro de asistencia social.
Sin embargo, al arribar a las oficinas estatales de la PPNNA, ubicadas en el Blvd. Antonio Rocha Cordero, el funcionario identificado como Ashley Erody Contreras Hernández, presunto subprocurador de la dependencia, se negó a recibir a la adolescente y desestimó los documentos presentados por las autoridades municipales, alegando que no cumplían con los requisitos que él consideraba necesarios.
Testimonios relatan que el servidor público adoptó una actitud prepotente, revictimizó verbalmente a la menor y se rehusó a comunicarse con el Ministerio Público. Incluso habría hecho comentarios que minimizan la situación de la adolescente, ignorando su llanto y el riesgo que enfrentaba tras haber sido explotada.
Fue hasta el día siguiente que otra funcionaria accedió a recibir a la joven víctima, dándole el ingreso a una institución de resguardo. No obstante, lo ocurrido evidencia una preocupante falta de protocolos y sensibilidad institucional ante casos de alto riesgo como lo es la trata de personas.
La queja ante la CNDH solicita la investigación correspondiente por omisión de funciones, maltrato institucional y revictimización por parte del servidor público.
Organismos de derechos humanos han reiterado que el interés superior de la niñez debe prevalecer en todo momento, especialmente cuando se trata de víctimas de delitos graves. Lo ocurrido en San Luis Potosí pone en el centro del debate la urgente necesidad de revisar la actuación de quienes, desde el servicio público, tienen la responsabilidad de proteger a los más vulnerables.
