Esteban Espinoza / Rioverde
La Maestra Celia García Valdivieso, Coordinadora de Derechos Humanos de la Fundación “Perteneces”, informó que esta asociación civil continúa fortaleciendo las acciones de defensa de los derechos humanos, especialmente enfocada en las personas privadas de su libertad.
“Perteneces, antes conocida como Renace, tiene más de 11 años dedicada a la defensa de los derechos humanos de quienes han sido privados de su libertad, y también nos enfocamos en su reinserción social para evitar la reincidencia”, señaló.
Además de su labor en los centros penitenciarios, la fundación ha desarrollado un enfoque estratégico en el litigio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, logrando importantes avances, como la reconstrucción de escuelas, la entrega de implementos escolares a niños y la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. “Nuestro trabajo ha impactado a diversas comunidades y ahora estamos ampliando nuestras acciones para apoyar a grupos vulnerables”, añadió.
Como parte de su expansión, “Perteneces” ha lanzado un nuevo proyecto en colaboración con el Colegio Ríoverdense y la Sociedad de Ríoverde y Ciudad Fernández. Esta iniciativa busca involucrar a estudiantes de Derecho y Psicología en una clínica jurídica que atenderá casos de la comunidad LGBTQI+ y personas adultas mayores.
“Queremos dar visibilidad a los derechos de estos grupos, que constantemente son vulnerados, y brindarles el apoyo necesario para que puedan acceder a justicia y a una vida digna”, explicó la coordinadora.
García Valdivieso también abordó la situación de las personas LGBTQI+ dentro de los centros penitenciarios, mencionando que muchas de ellas prefieren ocultar su identidad sexual debido a las desventajas y discriminación que enfrentan. “Estamos luchando para que, independientemente de la identidad sexual, se respeten la dignidad y los derechos de todas las personas, tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios”, afirmó.
Finalmente, la Maestra destacó que la fundación ha estado en contacto con los centros penitenciarios del estado, incluyendo el de Ríoverde, para monitorear las condiciones de los reclusos y brindar asistencia legal a quienes lo solicitan. “El acceso a los derechos básicos como salud, alimentación y vestimenta sigue siendo una preocupación, y seguimos trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad”, concluyó.
