Se trata de la primera renuncia de un titular de dependencia en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Germán Martínez presentó su renuncia el martes como director general del IMSS tras cuestionar los graves recortes de personal y la agresiva política de ahorros en el organismo.

Esta es la primera renuncia de un titular de dependencia en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy consciente de los límites y de mis límites, puedo equivocarme, pero soy decente y tengo vergüenza pública, y con serenidad de ánimo, presento, en este momento, mi renuncia al cargo de Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social”.

En un mensaje a los miembros del Consejo Técnico de ese instituto, Martínez denunció que en el IMSS existe una “injerencia perniciosa” de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que pone en riesgo la vocación igualitaria, de justicia, y de prestación de servicios del instituto.

Señaló que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó el fin del neoliberalismo, en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal.

“Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo'”, indica el comunicado firmado por Martínez Cázares.

En el documento, Germán Martínez explicó que el IMSS es un organismo autónomo, cuya gestión es gubernamental, pero también obrero y patronal, por lo cual administra su patrimonio con reglas especiales.

“El IMSS redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año. (…) Por eso, controlar en exceso esos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del Instituto”.

Martínez subrayó que si bien el IMSS se debe transformar, como lo ha ordenado el presidente López Obrador, “el eje de su reforma deben ser las personas que se atienden en el IMSS, y no los funcionarios que trabajan en el IMSS”.

No obstante, denunció que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda intentan una “remodelación cosmética” del Instituto donde, por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los estados desde la SHCP.

“Algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados que este Consejo Técnico aprobó”.

Acusó que mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo.

Indicó que estas omisiones ya se han dado a conocer a las autoridades correspondientes, ya que tanto él como el Consejo Técnico son responsables de que el Instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión.

Señaló que el control del gasto tiene dos consecuencias fatales: una directa para el IMSS: pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes; y un segundo efecto indirecto: el fortalecimiento de los servicios de salud privados, que ocasionará mayor “gasto de bolsillo” de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento.

Además acusó que los funcionarios de Hacienda no quieren dialogar con el IMSS y reclamó la relación entre ambos organismos debe darse en condiciones de certeza jurídica.

Dijo que los servidores públicos del IMSS, solo pueden responsabilizarse de las decisiones que se toman ahí. “Nadie, en su sano juicio, se hará cargo desde el IMSS, de instrucciones o resoluciones falladas sólo en la Secretaría de Hacienda”.

Remarcó que Hacienda no puede desviar los ahorros del IMSS a otros fines, pues “el Instituto no estará obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos”, según dispone el artículo 277 C de la ley del Seguro Social.

Admitió que la calidad y eficacia en muchos servicios del IMSS dejan mucho que desear, y que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene retos, desafíos, extravíos y una enorme corrupción.

Agregó que no ve las iniciativas de “la burocracia de Hacienda” para dar seguridad social permanente a todos los jornaleros del campo, repartidores de comida o choferes, ni a los trabajadores de la construcción, “como sí hicimos con las trabajadoras del hogar, motivo y orgullo del IMSS lopezobradorista”.

Señaló que no cuida su futuro personal, ni lo subordina a acomodos en los sillones del gobierno. “El motivo de este diferendo con algunos funcionarios de Hacienda no es la compra de medicamentos, es fortalecer y respetar al IMSS”.

“Creo y defiendo al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque no es gerente de los que se creen dueños del país. No es florero de nadie, como el mismo lo dice. Yo seguiré su ejemplo: tampoco yo seré florero en el IMSS de decisiones tomadas fuera del IMSS”, dijo.

En tanto, la Secretaría de Hacienda respondió que no hay reacción por el momento. “En el momento que tengamos información por parte de las áreas, se las haremos llegar de inmediato”.

Desde el inicio de su gestión, Martínez Cázares había emprendido una cruzada para la modernización y reconfiguración del IMSS, que fue desde el impulso de las reformas para que las trabajadoras del hogar pudieran ser inscritas como beneficiarias del organismo, hasta el proyecto de reconstrucción de los centros hospitalarios de esa institución.

Pero el tema al que más puso el acento Martínez desde que asumió su cargo, el 1 de diciembre de 2018, fue en el combate a la corrupción al interior del IMSS, que dieron como resultado golpes efectivos, como el hallazgo de 60 mil recetas falsas en la Clínica No. 16, de Torreón, Coahuila, que representó un daño económico al organismo por 300 millones de pesos.

Con información de Rivelino Rueda