Esteban Espinoza / San Luis Potosí
La atención a la violencia de género en San Luis Potosí enfrenta un problema estructural: la falta de registro claro. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2024, el 95.3 por ciento de los casos atendidos en los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) permanecen sin una clasificación precisa.
La cifra no es menor. De un total de 38 mil 244 expedientes registrados en los cuatro centros ubicados en la capital potosina, Matlapa, Matehuala y Rioverde, la gran mayoría carece de información que permita identificar el tipo de violencia ejercida, lo que evidencia fallas graves en los mecanismos de registro y seguimiento institucional.
El propio Inegi advierte que este subregistro corresponde a casos en los que no se cumplió con los criterios establecidos para documentar adecuadamente los incidentes, lo que deja en la incertidumbre la dimensión real del problema.
En los pocos casos que sí fueron clasificados, apenas el 1.4 por ciento corresponde a violencia psicológica; el 0.9 por ciento a violencia económica y patrimonial; el 0.8 por ciento nuevamente a violencia psicológica (según distintas categorías del registro), y solo el 0.7 por ciento a violencia sexual.
Estos datos reflejan no solo una crisis de violencia, sino también una preocupante negligencia en la forma en que las instituciones documentan y procesan las denuncias, lo que podría traducirse en falta de justicia para miles de mujeres.
Los Centros de Justicia para las Mujeres en la entidad dependen de la Secretaría General de Gobierno y operan con recursos mixtos: 49.3 por ciento de origen federal y 50.7 por ciento estatal, lo que plantea cuestionamientos sobre el uso y eficiencia de dichos fondos ante resultados tan deficientes.
Otro dato que revela la presión sobre el sistema es que apenas el 20.5 por ciento de las mujeres atendidas acudió por primera vez, mientras que el 79.4 por ciento regresó para dar seguimiento a sus casos, lo que sugiere procesos largos, complejos y posiblemente ineficaces.
La falta de clasificación en más del 95 por ciento de los casos no solo es una falla administrativa: es una señal de alarma sobre la incapacidad institucional para dimensionar, atender y combatir la violencia contra las mujeres en San Luis Potosí.