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Habitantes de Corcovada pidieron a Sheinbaum justicia ambiental y protección frente a amenazas

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Esteban Espinoza / San Luis Potosí

Durante la pasada visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al municipio de Villa Hidalgo, habitantes del ejido Corcovada aprovecharon la oportunidad para entregarle un documento en el que exponen su preocupación por los daños ambientales y el intento de despojo de más de 426 hectáreas de su territorio, presuntamente impulsado por las empresas CEMAT Construction e Inkazteca Drilling, vinculadas al empresario Ricardo Salinas Pliego.

En el escrito, la comunidad agradece la intervención que diversas dependencias federales han tenido hasta el momento, especialmente en el ámbito agrario y ambiental, pero insisten en la necesidad de profundizar el acompañamiento con un plan integral que garantice su seguridad, proteja el entorno natural y fomente alternativas productivas sustentables.

Entre las exigencias está que la Procuraduría Agraria impulse un modelo colectivo de aprovechamiento del territorio, priorizando el bienestar comunitario y la conservación ambiental. Asimismo, solicitan que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continúe con las investigaciones en curso y que se frene cualquier trámite relacionado con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para nuevos proyectos en la zona.

Los habitantes de Corcovada también expresaron su preocupación por el clima de tensión en el que viven, pues aseguran que los intereses económicos detrás del proyecto —que incluye parques industriales, carreteras y la posible extracción de recursos— representan una amenaza latente. Denuncian que el gobernador Ricardo Gallardo ha favorecido a los empresarios implicados, dejando a la comunidad en situación de vulnerabilidad.

El colectivo Guardianes de la Sierra, que respalda al grupo de defensa ejidal, subrayó la urgencia de brindar protección a los líderes del movimiento, quienes han sido objeto de amenazas y podrían enfrentar represalias. Señalaron que este tipo de conflictos suelen derivar en campañas de desprestigio mediático, intentos de dividir a la comunidad y, en casos extremos, en agresiones físicas contra quienes se oponen a los intereses empresariales.

“La seguridad de quienes defienden la tierra debe ser una prioridad”, advierten, al tiempo que recuerdan que en el grupo hay personas adultas mayores, mujeres, jóvenes y niños, lo que incrementa la preocupación por posibles actos de intimidación o violencia.

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