Esteban Espinoza / SLP
El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, José Luis Ugalde Montes, encabezó la 15 sesión ordinaria del Consejo de Administración Contable del Estado, en la cual, fue presentado el plan de trabajo 2017 y los términos y condiciones para que municipios, organismos descentralizados y entes autónomos, accedan a los recursos para armonización contable.
El Consejo de Armonización Contable del Estado de San Luis Potosí (CACES) se forma a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), y cada Estado debe de formarlo, en el caso de San Luis Potosí está presidido por Ugalde Montes en representación del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López.
El objetivo del Consejo es dar las bases a los entres obligados a llevar contabilidad gubernamental armonizada, para que lo hagan lo más pronto posible, para ello se les acercan herramientas como capacitaciones, software, actualizaciones y licencias.
Además, se llevan a cabo talleres relacionados con la contabilidad, con temas particulares como en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, Cuenta Pública, Estados Financieros presupuestales, entre otros.
En la sesión, fue presentado el programa de trabajo del ejercicio 2017 y se informó que a petición de los consejos de los estados, existe un recurso federal que transmite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Conac, que se va a destinar en capacitaciones, actualizaciones de licencias y adquisición de software.
En el caso de San Luis Potosí asciende a 1.2 millones de pesos. En 2016, fueron destinados a través del CACES, 2 millones de pesos que fueron repartidos en licencias de software para municipios y organismos descentralizados y autónomos que los solicitaron.
Fueron organismos que querían migrar al Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) .NET, esto, dado que había municipios u organismos que estaban trabajando con sistemas propios que no estaban cumpliendo cien por ciento con la armonización contable.
El objetivo es que municipios y organismos descentralizados y autónomos puedan cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues quienes no lo hagan tendrán problemas de observaciones financieras y administrativas por parte de los entes fiscalizadores; incluso el no cumplimiento de la ley al 100 por ciento ya tiene sanciones de fuertes.