Entre ellos nuevo “ahijado” que según el gobierno ya no pertenece a la “herencia maldita”
San Luis Potosí, S.L.P. – El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) reactivará los procesos de investigación en contra de varios ex diputados que habrían simulado la entrega de “apoyos fantasma” a ciudadanos inexistentes o fallecidos, revelaron integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso local.
Entre los ex legisladores que podrían ser llamados a rendir cuentas destaca el ex priístas Oscar Bautista Villegas hoy diputado federal por el PVEM y nuevo ahijado sin culpa de la llamada “herencia maldita” , José Luis Romero Calzada (“El Tecmol”) Matha Orta , , así como los ex panistas Mariano Niño Martínez y Josefina Salazar Báez, toda vez que los presuntos delitos de peculado no han prescrito.
Los expedientes, rezagados desde 2006 y recientemente localizados en una caja en el área de Archivo del IFSE, contienen elementos sólidos para presumir la comisión de actos ilícitos, señalaron fuentes legislativas.
El esquema identificado el llamado “modus operandi”—consistía en simular apoyos económicos a supuestos beneficiarios que posteriormente “agradecían” el recurso mediante una carta presentada como comprobante de gasto ante la Tesorería del Congreso del Estado. Sin embargo, investigaciones ciudadanas posteriores comprobaron que muchas de esas personas no existían o habían fallecido.
En mayo de 2019, un Juez de Control encontró indicios razonables de la probable comisión de peculado por parte del ex diputado Mariano Niño Martínez, quien fue vinculado a proceso en el Centro Integral de Justicia Penal de La Pila, aunque continuó su proceso en libertad.
Algunos ex diputados involucrados, ante la presión pública y mediática, optaron por reintegrar los recursos mal utilizados al Congreso; no obstante, las investigaciones formales quedaron inconclusas hasta ahora.
Los actuales legisladores de la Comisión de Vigilancia afirmaron que exigirán al IFSE y, en su momento, a la Fiscalía General del Estado, que se actúe para evitar la impunidad y se concluya con las responsabilidades correspondientes.
Con esta reactivación de investigaciones, se busca cerrar un capítulo de corrupción heredado de anteriores legislaturas, conocido popularmente como parte de la “herencia maldita”, y demostrar que ningún acto indebido quedará sin castigo.
