En el contexto de las campañas electorales y en uno de los momentos con más violencia en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, la cúpula empresarial encabezada por Juan Pablo Castañón emplazó:

“Exigimos que pongan las condiciones mínimas para que nosotros podamos salir adelante con nuestro propio esfuerzo: los gobiernos actuales y los que aspiran a gobernarnos. Si es cierto que la violencia no se resuelve con violencia, también es verdad que la delincuencia no se elimina con perdones ni llamados a misa”.

La cúpula empresarial enfatizó que los altos niveles de violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva.

Hace dos meses, recordó, Coca Cola-Femsa anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero, debido a que el asedio del crimen organizado era insoportable.

La semana pasada, insistió, la empresa Lala se vio obligada a cerrar en Ciudad Mante, Tamaulipas, por razones similares, lo mismo que la mina “Dolores”, en Chihuahua, que emplea a más de mil 800 empleados.

“La impunidad con la que actúan los criminales en México y la omisión de las autoridades para proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas son inaceptables”, fustigó el CCE.

Y luego se lanzó contra el magisterio disidente:

“Pero la impasibilidad del gobierno se extiende también a otros grupos organizados que violan la ley y atentan contra el patrimonio de la sociedad sin ninguna consecuencia: normalistas y maestros en Chiapas, Michoacán o Oaxaca obstruyen vías estratégicas de comunicación o saquean a repartidores de diversas empresas sin que nadie haga nada”.