El primer trimestre de 2025 dibuja un panorama alarmante en materia de derechos humanos en San Luis Potosí, donde tres instituciones del ámbito público concentran más del 70% de las quejas formales recibidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
De acuerdo con los reportes correspondientes a los primeros meses del año, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) se ubican como las dependencias más señaladas por posibles violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La Fiscalía encabeza el listado con 37 quejas, seguida de la SEGE con 36 casos relacionados, en su mayoría, con abusos cometidos en entornos escolares. El SEER, por su parte, acumula 12 denuncias formales. En conjunto, estas tres instituciones representan el 70.75% del total de 106 quejas registradas formalmente en el periodo.
Otras dependencias señaladas incluyen al Interapas, con ocho quejas por negación del derecho al agua, la Guardia Civil Estatal, con 10 señalamientos por actos de violencia institucional, y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, que recibió seis quejas por condiciones degradantes en los centros penitenciarios.
Marzo: el mes más crítico
El mes de marzo se convirtió en un punto de quiebre con 26 medidas precautorias emitidas, la cifra más alta en lo que va del año. Estas acciones estuvieron enfocadas en frenar violaciones graves como el abuso sexual en instituciones educativas, la tortura en centros de detención y la negación de agua potable.
Durante ese mes, la SEGE fue señalada en 18 ocasiones, la FGE en 15, el SEER en ocho, mientras que Interapas y la Dirección de Reinserción Social también acumularon múltiples menciones.
La CEDH brindó atención a 183 personas durante marzo: 116 mujeres y 67 hombres, entre ellos estudiantes víctimas de abuso, personas migrantes y reclusos en condiciones de vulnerabilidad. Se canalizaron 43 casos a otras dependencias, siendo la Fiscalía el principal destino, con 12 expedientes turnados para seguimiento.
Febrero anticipó la crisis
Un mes antes, en febrero, ya se vislumbraba el agravamiento de la situación con 61 quejas formales y 24 medidas precautorias. Las principales instituciones señaladas fueron nuevamente la SEGE, la Fiscalía y la Guardia Civil Estatal.
Los casos reportados incluían denuncias por acoso escolar ignorado, abusos sexuales en escuelas públicas y uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad. La Comisión canalizó 41 casos a instancias externas, principalmente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Fiscalía, mientras que las principales demandas jurídicas giraron en torno a derechos laborales y procesos penales injustos.
Un inicio de año ya preocupante
Aunque enero mostró cifras más bajas en comparación con los meses posteriores, los indicadores ya revelaban una tendencia preocupante. Ese mes, la CEDH recibió 45 quejas formales y dictó 20 medidas precautorias.
La Fiscalía fue nuevamente protagonista con 13 denuncias, en su mayoría por detenciones arbitrarias, acoso y tortura. La Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez también figuró con cinco quejas por violencia institucional. En tanto, Interapas ya acumulaba cuatro quejas relacionadas con la falta de acceso al agua potable.
En total, durante el primer trimestre del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido 70 medidas precautorias y ha documentado casos que involucran a estudiantes, adultos mayores, personas indígenas, mujeres víctimas de violencia, migrantes y periodistas, reflejando una situación transversal de vulneración a los derechos fundamentales.
Una crisis estructural
Más allá de las cifras, los informes revelan una constante: la inacción o complicidad institucional frente a denuncias graves que incluyen desde la destrucción de expedientes penales, hasta la omisión de denuncias por acoso escolar y maltrato infantil. Las demoras en los procesos judiciales y la falta de imparcialidad en el servicio público retratan una realidad donde la protección de los derechos humanos parece estar en segundo plano.
El deterioro progresivo en el respeto a las garantías individuales no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que atraviesa sectores clave del aparato estatal. La persistencia de estos patrones de abuso evidencia un sistema que, lejos de corregirse, parece repetir los mismos errores sin consecuencias claras para los responsables.
