Esteban Espinoza / San Luis Potosí
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta un atraso significativo en la resolución de asuntos, particularmente en los juicios de carácter familiar y penal, reconoció la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa. La situación, explicó, está relacionada con el constante ingreso de nuevos casos y con la insuficiencia de personal para darles seguimiento procesal.
De acuerdo con la magistrada, los juzgados de la capital del estado concentran la mayor carga laboral debido al tamaño de la población que atienden. No obstante, señaló que el distrito judicial de Ciudad Valles también presenta una saturación importante, sobre todo en expedientes familiares y penales, lo que ha generado presión adicional en la operación cotidiana de los tribunales.
Las estimaciones internas del Poder Judicial indican que, en materia familiar, los procedimientos pueden tardar entre ocho meses y más de un año en avanzar de forma relevante hacia una resolución. En el ámbito penal, el tiempo para que una carpeta alcance la etapa de juicio suele ubicarse entre seis y doce meses, dependiendo de la complejidad del asunto y de la disponibilidad de personal jurisdiccional.
Las cifras oficiales respaldan este panorama. Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el último ejercicio se registraron 42 mil 184 asuntos nuevos en órganos jurisdiccionales de primera instancia, de los cuales 19 mil 338 quedaron pendientes al cierre del año, es decir, cerca del 46 por ciento del total.
En el rubro penal, el rezago también resulta evidente: a lo largo de 2024 ingresaron 4 mil 835 nuevas causas, pero el año concluyó con 5 mil 528 expedientes sin resolver, lo que muestra que el número de casos en trámite supera a los que logran concluirse en el mismo periodo.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí subrayó que uno de los principales obstáculos para reducir el atraso es la escasez de secretarios de acuerdos, figuras fundamentales para el control y seguimiento de los procesos. Sin este personal, advirtió, los juzgados ven limitada su capacidad para cumplir con los plazos legales y ofrecer resoluciones oportunas a la ciudadanía.