La gota que derramó el vaso entre la IP y la 4T fue la negativa de AMLO a sus propuestas al tiempo que ideologizó la crisis y amenazó con una mayor vigilancia y fiscalización.
“Algunos dicen: ‘Es mejor que haya otro interlocutor, porque Carlos no es el adecuado’; ‘Es demasiado tibio’”, reclamó el exejecutivo de Femsa, ofreciendo renunciar si, con ello, disminuían los señalamientos y abonaba al estéril diálogo con el gobierno.
Y es que la falta de coordinación de la iniciativa privada, las diferencias del posicionamiento que algunos de sus miembros asumieron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la contingencia sanitaria terminaron por complicar aun más la relación entre los organismos empresariales y el gobierno.
La espiral va desde la “luna de miel” postelectoral hasta una separación llena de acusaciones mutuas y diferencias en el manejo de la economía, que amenazan con profundizar la caída del PIB este año y limitar la recuperación en 2021.
“Ya estaba rota la relación. El presidente fue agresivo con los empresarios desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el retroceso de la reforma energética; [ésos] fueron los primeros enfrentamientos”, explica Macario Schettino, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
LUCES AMARILLAS
Lo cierto es que hubo encuentros y desencuentros entre ambas partes, pero la gota que derramó el vaso fue la negativa del presidente de implementar las propuestas de representantes empresariales en un plan de choque, al tiempo que ideologizaba la crisis, repartiendo culpas a gobernantes anteriores, mientras amenazaba con una mayor vigilancia y fiscalización.
Este constante ataque y desprestigio a la IP obligó a los empresarios a instrumentar su propio plan para enfrentar la severa crisis económica que se avecina (los pronósticos van desde -3.9% este año por parte de la propia 4T, hasta 12%, de analistas privados).
No hubo de otra. El mensaje de AMLO cayó como balde de agua fría cuando dijo que “nunca más en este país se rescatará a los empresarios, a los de arriba, sino [que] ahora es el turno de los más necesitados”.
“Existe un gran riesgo de que, en los próximos meses, se pase del distanciamiento, al rompimiento y enfrentamiento, con el argumento de que [los empresarios] mienten, no invierten, no pagan impuestos y despiden gente. En suma, la retórica de ‘empresa contra pueblo bueno’”, resumió Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores y expresidente consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
MÁS VALE SOLOS…
“Estamos apostando demasiado, en estos momentos, a que el presidente nos haga caso, y no lo hemos logrado; por lo tanto, tenemos otros caminos”, resumió Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, la cual forma parte del CCE.
Y es que la negativa del gobierno impulsó a los órganos empresariales a promover un gran acuerdo nacional para aplicar medidas coordinadas con el sector empresarial y los trabajadores y (pese al constante rechazo) la posibilidad de que se sumara el gobierno, lo que no sucedió ni sucederá, por la defensa a ultranza de la crítica del primer mandatario a la corriente neoliberal.
Sin embargo, todavía se sabe poco del acuerdo nacional y, más bien, diversas cámaras estatales y regionales adoptaron diversas medidas para apoyar el empleo y a los proveedores; pero éstas serán insuficientes en monto y plazo.
Más recientemente, el Consejo Mexicano de Negocios anunció un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo por 12,000 millones de dólares (mdd), para ofrecer créditos a 30,000 micros, pequeñas y medianas empresas, que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda, pero que recibió críticas del presidente, por el papel que desempeñó la dependencia.
“No me opongo, siempre y cuando no sea a costillas del erario… Además, no me está gustando el modito del BID: que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes”, dijo enfático el primer mandatario.
UN BANCO ACTIVO
Quien decidió avanzar de manera independiente, y haciendo valer su autonomía, fue el Banco de México, con la baja anticipada de medio punto porcentual de la tasa de referencia; y 750,000 mdp para ampliar la disponibilidad de crédito y proveer de liquidez al sistema financiero.
“El CCE espera que las medidas de política monetaria anunciadas por Banxico sean complementadas en breve con medidas fiscales del gobierno, que permitan hacer un frente común para preservar la economía del país”, insistió el organismo empresarial.
En respuesta, el presidente presentó un decreto para enfrentar la crisis económica por coronavirus, que se concentra en el blindaje de sus programas sociales y proyectos de infraestructura, que implican un aumento del presupuesto del gobierno de 622,566 mdp y el otorgamiento de 2 millones de créditos. De las propuestas del CCE no se mencionó absolutamente nada.
“El planteamiento se hace respecto a la concepción sobre desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas, o lo que se llevaba a cabo o lo que se hacía en el periodo neoliberal”, dijo el presidente durante la firma del decreto, quizás con la intención de repetir su mensaje de rechazo hacia las cúpulas empresariales. Pero también el plan del banco central mereció ácidos comentarios del presidente, con la advertencia de que estará vigilando el uso de los recursos.
“Todos los créditos hay que cuidarlos porque, si no, se cargan a la hacienda pública; ahora sí que se tiene que pagar con presupuesto público, que es del pueblo; habría que debatir primero sobre a quién rescatar, en el caso de que se usara dinero del presupuesto o se contrataran créditos”, dijo.
¿CAMINO EQUIVOCADO?
Dicen que en el pedir está el dar, y esto podría cuadrar para las propuestas del CCE. Incluso, el gobierno podría tener un as bajo la manga. Si así fuera, se está tardando demasiado en mostrarlo.
Luis Foncerrada, economista en jefe de la American Chamber México, opinó que, en lugar de plantear programas generalizados, se deben canalizar apoyos específicos para evitar un “no” absoluto del gobierno.
Ante la negativa inicial de sus planes, la Coparmex elaboró un plan denominado “salario solidario”, que permitiría cubrir a los 20 millones de trabajadores asegurados ante el IMSS para evitar la pérdida de su empleo. Es un programa tripartita en el que el gobierno participaría con una aportación del 0.4% del PIB cada mes, para que los trabajadores de menores ingresos conservaran empleo y salario, aunque las industrias estén detenidas.
En el caso de los trabajadores de más alto ingreso, el programa contemplaría una reducción de 50% en el pago y el gobierno aportaría el equivalente a tres salarios mínimos.
La Coparmex prevé que, de no haber un apoyo, se podrían perder hasta 4.5 millones de empleos en el país. La propuesta de salario solidario, hasta el cierre de esta edición, no habia sido rechazada, pero tampoco aprobada por el gobierno.
VISIÓN OPTIMISTA
En contraste, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) palomeó las medidas económicas que el gobierno mexicano impulsa para hacer frente a la crisis sanitaria.
Cuauhtémoc Rivera, dirigente nacional de la agrupación, destacó que fue pertinente la decisión de centrar su estrategia de recuperación en las micro y pequeñas empresas, las cuales, asegura, son las que están sufriendo más por la reducción en el consumo.
“Nosotros vimos muy bien la decisión de colocar más de un millón y medio de créditos en este sector. Inclusive, recuerdo una frase que me gustó mucho de esa presentación, y es que no se van a privatizar las ganancias ni democratizar las pérdidas, como sí había sucedido en sexenios anteriores”, comentó.
Sin embargo, a pesar de la satisfacción por las acciones económicas tomadas por el gobierno, el ejecutivo de la Anpec reconoció que sería aun más positiva la medida, si no se quedara sólo en un único apoyo.
“Va a funcionar el crédito único, pero creo que lo haría aun más, si se convirtiera en un crédito revolvente que vaya creciendo en función de su pago, es decir, que, al liquidarlo, pueda acceder a otro más elevado y así progresivamente, porque esta crisis va a ser, más allá de que se reabran las actividades, larga”, detalló.
¿Y MIS VACACIONES?
Aunque el cese temporal de actividades es muy amplio, hay sectores, como el turismo, que no sólo son de los más afectados, sino que tardarán mucho más tiempo en recuperarse.
Y es que no sólo son los paseantes nacionales e internacionales, y todos los servicios alrededor de ellos (como las cadenas de hoteles y las líneas aéreas o un sinfín de prestadores de servicios), hay que considerar, además, que al interior de cada industria nacional hay una cadena de abasto doméstico, donde la mayoría son pequeñas y medianas empresas que hoy están paralizadas del todo.
En búsqueda de alternativas, durante marzo pasado, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) envió tres cartas al gobierno, a través de la Oficina de la Presidencia, así como a las Secretarías de Hacienda, Economía y Turismo, en las que propuso 14 medidas para preservar la planta laboral, cuidar la liquidez de las empresas y, una vez superada la crisis, tomar medidas para reactivar la industria turística a través de la promoción y estímulos a la inversión.
“Nosotros nunca hemos querido evadir ninguna de las obligaciones que tenemos; sabemos que debemos pagarlas. Esta cuestión no está en duda. Hoy, las empresas estamos con cero ingresos, y los gastos fijos son muy elevados y están matando a los negocios.
Por eso, hemos estado pidiendo prorrogas y diferimientos, para tratar de no tocar a la base laboral”, dijo Braulio Arsuaga Losada, presidente del organismo.
PLAN DE VUELO
El principio del rompimiento final en el episodio del coronavirus inició el 18 de marzo, cuando el CCE envió al presidente una serie de medidas para proteger el empleo, a las pequeñas y medianas empresas, y promover la inversión del sector público mediante beneficios fiscales temporales para sortear la amenaza de la desaceleración económica . No hubo respuesta.
El 2 de abril, presentaron una nueva convocatoria para suscribir un convenio nacional entre gobierno, trabajadores, sector social y empresarios.
“No pedimos reducción de impuestos, ni privilegios, ni concesiones. Siempre hemos puesto a los trabajadores, sus familias y al país como nuestra prioridad. Nuestras propuestas aún no han sido tomadas en cuenta”, reclamó el organismo al presidente.
Con todo, el empresariado mantenía algunas esperanzas en el informe de actividades trimestral del primer mandatario, donde había anticipado un plan para, supuestamente, reactivar la economía.
Al final, sólo se limitó al reforzamiento de su programa de austeridad y a la defensa de sus proyectos insignia: el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, y otras medidas, como aumentar la velocidad de devolución de saldos a favor de los contribuyentes, y el compromiso de aumentar la inversión pública.
Nuevamente, las propuestas empresariales fueron ignoradas, incrementando la frustración al interior de las cúpulas.
