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La JUCOPO acordó integrar la comisión jurisdiccional que determinará lo procedente conforme a derecho, sobre la solicitud de juicio político contra el secretario de seguridad pública

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Después de que el pleno del Poder Legislativo aprobó iniciar el procedimiento de juicio político en contra del Secretario de Seguridad Pública del Estado Jaime Ernesto Pineda Arteaga, en reunión de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se estableció que las diputadas Laura Patricia Silva Celis, Paola Alejandra Arreola Nieto y el legislador Ricardo Villarreal Loo, integren la Comisión Jurisdiccional que determinará lo que proceda conforme a derecho.

El diputado Cándido Ochoa Rojas, vocal de la JUCOPO, informó que “se optó por ellos por su diversidad política y buscando que estuvieran representados la mayoría de los legisladores, ya que Silva Celis es del PRI, Arreola Nieto de la alianza que se formó con MORENA y Villarreal Loo del PAN”.

Explicó que “la comisión jurisdiccional es una especie de jurado, un tribunal del Congreso, que analizará la demanda de juicio político en contra del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, que le envió la Comisión de Gobernación, y determinará lo que proceda conforme a derecho”.

Ochoa Rojas aclaró que no se trata de evaluar el trabajo del funcionario, sino de analizar las causas en específico por las que se solicitó juicio político en su contra y proceder conforme a derecho. Las evaluaciones se hicieron en su momento durante las comparecencias por parte del Poder Legislativo y es el titular del Poder Ejecutivo, quien evalúa permanente el desempeño del funcionario.

El inicio del procedimiento de juicio político en contra del Secretario de Seguridad Pública del Estado se realiza con base en lo que establece la Ley de Juicio Político y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.

Informó que la Ley Orgánica del Congreso del Estado regula el procedimiento en términos de los plazos para llevar a cabo el proceso por parte de la Comisión Jurisdiccional, en donde ambas partes deberán sostener sus argumentos y al final se presentará un dictamen a favor o en contra que será votado en el pleno.

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