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La legisladora de movimiento ciudadano LNP busca evitar que se lleve a cabo la verificación vehicular porque afecta el bolsillo de los potosinos.

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Esteban Espinoza /SLP

La legisladora de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al gobierno del estado, para que no se lleve a cabo la verificación vehicular por ser una medida eminentemente recaudatoria, que afecta de manera directa el bolsillo de las y los potosinos.

Nava Piña indicó que la Constitución determina como un derecho de todos los mexicanos contar con un medio ambiente sano, y además establecer que el Estado debe ser garante de ese derecho; “por lo que es el Estado quien tiene la facultad, pero también la obligación de establecer los denominados centros de verificación vehicular y llevar a cabo el monitoreo de emisiones contaminantes”; enfatizó.

Explicó que sin embargo; la titular de la dependencia ha expresado que la verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores, será concesionada a particulares.

Indicó que de acuerdo con la Ley de Hacienda para el Estado, el cobro por verificación sería de 3.3 UMA por semestre, lo que equivale a cobrar a los potosinos, solo en la zona metropolitana en la que circulan aproximadamente 550 mil vehículos, 137 millones de pesos, lo que hace a la medida una acción eminentemente recaudatoria.

“Ya los potosinos pagamos al Estado derechos de control vehicular, recursos que deben ser utilizados en temas relacionados con los vehículos que son la causa del mismo, dentro de los que se encuentra la verificación de emisiones contaminantes de los propios automotores”; Expuso.

Hizo hincapié en que en caso de que al poner en marcha el programa de verificación vehicular y concesionarlo, significará que unos cuantos particulares estarán haciendo negocio, “es decir, lucrando a costa de los potosinos”.

La legisladora de Movimiento Ciudadano consideró que los tiempos difíciles que vive la economía de los mexicanos y de los potosinos con precios elevados a consecuencia del incremento en el precio de los combustibles, merece una respuesta de solidaridad de su Gobierno.

“Que el Gobierno atienda su obligación de monitorear la calidad del aire y de verificar que las emisiones de los vehículos automotores se ajusten a la normatividad establecida para ello, pero que lo haga sin imponer cargas a la población que serán negocio de unos cuantos”; dijo.

Recordó que en el caso de San Luis Potosí, no existen acciones reales que estén encaminadas a eliminar la polución, claro ejemplo de ello lo son la operación de las ladrilleras en plena mancha urbana y la contaminación de la zona industrial que no tiene remedio real.

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