La Crisis de Salud: La parte que nos toca.
¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los Reyes los grandes bloques de piedra?. Bertolt Bretch.
Durante más de treinta horas, médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” bloquearon los cuatro accesos de la glorieta Francisco González Bocanegra, al poniente de la ciudad. El ruido de esa protesta se confundió pronto con otro, mucho más grande, que recorría el país: las marchas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. La confusión no es casual, porque los agravios se parecen y hasta se tocan. Pero son problemas, con patrones y soluciones distintas, y separarlos no es un capricho de clasificador, es la única forma de que cada reclamo llegue a la puerta que le corresponde. Uno es una negociación salarial que se cayó estrepitosamente. El otro es una relación laboral que nunca fue reconocida y que está a punto de desaparecer sin haberse resuelto.
Conviene empezar por el primero, el del IMSS, porque fue el que prendió la mecha nacional y porque sus razones no admiten discusión, condiciones generales de trabajo deterioradas, falta de insumos, equipos viejos y una oferta salarial del gobierno federal que la base juzgó insuficiente. La propuesta era de 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento a prestaciones, se sometió a consulta el 14 de octubre y el “no” ganó de forma avasallante. La dirigencia tuvo que reconocer la derrota, y los trabajadores no solo exigen ahora un diez por ciento, sino también la cabeza de su propio líder nacional. Ese dirigente se llama Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para el periodo 2024-2030 y, al mismo tiempo, diputado federal suplente por Morena en la LXVI Legislatura. Que el líder sindical sea también legislador explica buena parte de la tensión que hoy recorre al gremio.
El segundo agravio, el del Hospital Central, es de otra naturaleza, y aquí urge deshacer una confusión que puede costar caro, el IMSS-Bienestar no es el IMSS. Son instituciones distintas, pero la abulia, el desdén y la corrupción son muy similares. El IMSS es el organismo de siempre, el de los derechohabientes, cuyos trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional y por la Ley Federal del Trabajo. El IMSS-Bienestar es un organismo público descentralizado creado por decreto en 2022 para atender a la población sin seguridad social, y su personal quedó en el apartado B, bajo Condiciones Generales de Trabajo, igual que cualquier burócrata federal. No es un tecnicismo, cambia el tribunal, cambia el sindicato y el nivel de protección. Los trabajadores del Hospital Central, en efecto, no salieron a la calle por un aumento. Salieron porque no saben quién es su patrón. Buena parte de esa plantilla lleva décadas con nombramiento eventual, esperando una base que ninguna administración estatal quiso firmar, y hoy enfrenta una absorción que no resuelve su problema, por el contrario, lo agrava. La federación no firmó para heredar pasivos ajenos, firmó para quedarse con el servicio. Ellos compartieron el ruido de la protesta del IMSS y padecen las mismas carencias de insumos, pero cargan un dilema propio, derivado del convenio que el gobierno estatal firmó con el IMSS-Bienestar para entregarle el sistema de salud potosino. Van a ser fagocitados sin haber sido reconocidos antes.
El origen exacto de ese dilema está en el texto mismo del convenio, y vale la pena leerlo porque ahí se ve el diseño. En los convenios de coordinación publicados en el Diario Oficial de la Federación se partió la plantilla en cajones y se blindó al instituto. Las plazas financiadas con recursos federales del FASSA se transfieren y el IMSS-Bienestar asume la relación laboral, pero solo “una vez que cuente con los recursos para tales efectos”. Las plazas pagadas con recursos estatales o locales se quedan con el estado, y el convenio dice, textual, que el instituto “bajo ninguna circunstancia podrá ser considerado como patrón sustituto o intermediario”. Los trabajadores con regímenes de seguridad social no compatibles quedan excluidos por escrito. Y hay una cláusula que hiela la sangre y que casi nadie ha leído: durante la vigencia del convenio, el estado no puede crear plazas nuevas, permanentes ni eventuales, salvo autorización de la Secretaría de Hacienda. Léase con calma, porque el alcance es demoledor. Si el gobernador no basificó antes de firmar, ya no puede hacerlo después: la ventana se cierra con su firma. El rezago de una década se convierte, por diseño contractual, en un pasivo congelado. Y sobre todo eso flota la frase que explica el resto, el estado se obliga a “sacar en paz y a salvo” al instituto de cualquier controversia laboral, civil, fiscal o de seguridad social, y el instituto “no asumirá” obligaciones previas, incluidas las de los contratos colectivos. Traducción, el pasivo se queda donde nació, o sea, con el gobierno del estado.
¿Cómo se atreve un gobierno a dejar así a su gente? La pregunta no es retórica y merece responderse en voz alta. Estos trabajadores atravesaron la crisis de 2009, la influenza, y después la pandemia, cuando no había cubrebocas ni protocolos suficientes y el miedo era una enfermedad más. Sobrevivieron a un sistema que nunca les agradeció nada, que los usó cuando hacía falta y los olvidó cuando pasó la emergencia. Y ahora, en el tramo final de su vida laboral, cuando el cuerpo ya no rinde igual y la jubilación está a la vuelta de la esquina, se les informa que su antigüedad no es un derecho, sino un tema pendiente entre dos gobiernos que no se hablan. Eso no es una falla administrativa. Es una ingratitud con formato jurídico. Y no se trata de cualquier hospital. Aquí conviene recordar qué fue el Hospital Central, porque su historia es la medida de la deuda. Durante décadas fue, al mismo tiempo, el hospital de los pobres y el hospital escuela de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dos vocaciones que en un estado tan desigual son en realidad la misma. Por sus pasillos, por su servicio a la ciudadanía, pasó generación tras generación de estudiantes. No se titulaba quien no hubiera estado ahí. Era la prueba de fuego, el examen que la escuela no podía aplicar y que aplicaba la vida. Ahí se aprendía a ver la enfermedad en su forma más cruda y a entender que detrás de cada paciente había alguien sin otra opción.
Y el problema no es solo de este hospital ni de este estado, porque el desfinanciamiento es estructural. El IMSS carga con setenta y nueve millones de derechohabientes y arrastra un déficit en su seguro de salud que en 2006 era de menos de cuarenta mil millones de pesos y que cerrará 2026 en unos ciento setenta y cinco mil millones. En 2025 gastó casi ciento catorce mil millones en seis enfermedades crónicas, una quinta parte de sus ingresos totales. El gasto público en salud de México está entre los más bajos de la OCDE. Y en 2024, cincuenta y cuatro por ciento de los afiliados que buscaron atención la consiguieron fuera del instituto, pagando de su bolsillo. De ese análisis se desprenden recomendaciones concretas, y conviene decirlas en lenguaje llano, porque pueden servirle a quien hoy está en esa situación. Lo primero es saber a quién se le reclama: el patrón es quien paga tu nómina, no quien coordina tu servicio. Si el recibo dice “Servicios de Salud de San Luis Potosí”, el pleito es estatal y se ventila en el tribunal burocrático local, si dice IMSS-Bienestar, es federal, apartado B del artículo 123 constitucional, y el foro es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo segundo es saber cuándo, la antigüedad no prescribe mientras subsista la relación, pero las diferencias salariales sí prescriben en un año. Lo tercero es saber con qué objetivo, reconocimiento de antigüedad, nivelación tabular, escalafón y, si hay cese, reinstalación o indemnización.
Y hay un argumento que debe funcionar como escudo, porque el convenio se escribió para que el trabajador crea que no tiene a quién reclamarle. No es así, un acuerdo entre dos gobiernos no puede extinguir derechos que el trabajador nunca consintió. El principio de irrenunciabilidad está en el artículo 123, fracción XXVII, de la Constitución, y opera contra cualquiera de las dos partes. La cláusula del “saca en paz y a salvo” es un pacto entre ellos; le sirve al instituto para repetir contra el estado, pero no para decirle al trabajador que sus nueve años no cuentan. Por eso conviene demandar al patrón actual y dejar que los dos gobiernos peleen por el retroactivo. Y hay una veta extra, si a ocho trabajadores se les subió el sueldo a veinticinco mil quinientos pesos netos, los demás pueden reclamar nivelación invocando “a trabajo igual, igual salario”. Falta, sin embargo, lo más grave y lo menos comentado, la indefensión colectiva. El sindicato del hospital es local, mientras que las Condiciones Generales de Trabajo del IMSS-Bienestar las negoció un sindicato nacional que no los representa. Están, pues, bajo un instrumento que no pactaron. Para corregirlo hay que pelear la titularidad de la relación colectiva ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con constancia de representatividad. Es lento, pero sin eso toda conquista individual es revocable. Y aquí entra el papel de los liderazgos, el propio Sindicato Nacional del IMSS acaba de ser derrotado por su base, y su dirigente es un defenestrado diputado federal suplente.
De ahí que la solución, no es heroica ni cara, solo ordenada. Primero, convertir la mesa de negociación en un acta firmada, con plazos, montos y responsables, un acuerdo verbal no obliga a nada. Segundo, exigir por escrito el reconocimiento de antigüedad de cada trabajador, con su fecha real de ingreso. Tercero, etiquetar las trescientas noventa y cinco plazas en el Presupuesto de Egresos de 2027, que hoy está en la Cámara de Diputados y debe aprobarse antes del quince de noviembre. Cuarto, un convenio modificatorio que añada una cláusula de basificación, porque el instrumento permite reformarse por acuerdo de las partes. Quinto, que nadie firme finiquito ni renuncia al regularizarse. Y sexto, una reclamación anual de antigüedad por escrito, para interrumpir el reloj. El resto es política, y la política local ya dio su señal. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reaccionó con más molestia que voluntad, como si la protesta fuera un ataque y no una consecuencia, ofreció acompañamiento, mediación y gestiones, pero dejó claro que las responsabilidades “corresponden” a la federación. Los trabajadores, mientras tanto, siguen en el limbo, adscritos a un instituto que no termina de recibirlos, descobijados por un estado que ya se despidió del problema. Han pateado el bote, y lo han pateado bien. Los potosinos deberíamos dejar de ser tan desagradecidos y exigir lo evidente, que a quienes sostuvieron el hospital donde se formaron nuestros médicos y donde se atendieron nuestros pobres se les reconozcan, de una vez por todas, sus derechos laborales. No es caridad, es justicia. Es la prueba de fuego que ahora le toca pasar a la sociedad entera.
@gandhiantipatro