Layda Sansores, candidata de Morena a gobernadora de Campeche, asegura que otras delegaciones contrataron las empresas fantasma.
Layda Sansores, candidata de Morena para el gobierno de Campeche, asegura que no contrató -cuando era alcalde de Álvaro Obregón- a empresas fantasma y de la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero acusó que sí lo hicieron las alcaldías de Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Coyoacán, Tlalpan y la Magdalena Contreras.
“Mientras estuve al frente de la Delegación no se contrataron los servicios de las empresas Grupo Constructor Conhir, Spmexases, GEA Asesoría y Gestión Empresarial, Radora Colimex”, señala la ex alcaldesa Álvaro Obregón en una carta enviada a Forbes México.
“Niego rotundamente los hechos contenidos en la nota publicada en la que se asegura que la administración de la Alcaldía de Álvaro Obregón durante mi gestión otorgó contratos a empresas no localizadas, con lo que se agrega que pudiera generar operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso ilegal de atribuciones y peculado, así como que fueron realizadas contrataciones de forma ilegal”, afirmó la aspirante a gobernadora de Campeche.
“Esto no es más que un intento para afectar el proceso electoral para renovar la gubernatura que se vive en Campeche, en la que nuestros adversarios están realizando todo lo posible por afectarnos a base de mentiras y engaños, utilizando el nombre de su tan prestigioso medio de comunicación para difundir información que raya con lo absurdo”, expone Layda Sansores.
La candidata a gobernadora de Morena en Campeche fue denunciada por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR), ya que asegura la queja que como alcaldesa de Álvaro Obregón dio contratos a empresas fantasma y señaladas en la lista negra del SAT.
“Existe un daño al erario público por 33 millones de pesos, pues Layda Elena Sansores San Román llevó a cabo junto con diversos funcionarios adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública con empresas (de la lista negra) de los artículos 69-B del Código Fiscal Federal”, señala Teresita Cervantes Pérez en la querella presentada ante la FGR.
La denunciante explica que la administración de la candidata a gobernadora de Morena en Campeche suscribió contratos con empresas de la lista negra del SAT, las cuales emiten comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Las empresas, consideradas como fantasmas por el SAT, Grupo Constructor Conhir, Spmexases, GEA Asesoría y Gestión Empresarial, Radora Colimex, Miel Industria, Servicios Especiales para la Construcción, Comercializadora Ned Sol y Sad Market fueron contratadas en la administración de Layda Sansores según la denuncia presentada.
La fundadora de Morena, quien compite por cuarta vez por ser gobernadora de Campeche, y sus abogados presentaron una investigación sobre las empresas que supuestamente contrató la alcaldía Álvaro Obregón, las cuales prestaron servicios y obras en otras demarcaciones de la Ciudad de México.
“Grupo Constructor Conhir recibió contratos de obras, bienes y servicios en la delegación Tlalpan, el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa y CIESAS-Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico”.
También son parte del padrón de proveedores y contratistas de la Delegación Tlalpan, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, así como de la Delegación Cuauhtémoc, agrega.
“Spmexases recibió contratos de obras, bienes y servicios de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, Delegación La Magdalena Contreras, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos”, dice la candidata a gobernadora de Morena en Campeche.
Esa empresa es parte del padrón de proveedores y contratistas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Oficialía Mayor y la Secretaría de Administración y Finanzas.
“GEA Asesoría y Gestión Empresarial obtuvo contrato de obras, bienes y servicios en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, así como concesiones, licencias, permisos y autorizaciones del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)”.
La compañía forma parte del padrón proveedores y contratistas del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).
“Radora Colimex fue contratada para obras, bienes y servicios de la Delegación Coyoacán”, así como está en su padrón de proveedores y contratistas.
“La alcaldía Álvaro Obregón no contrató los servicios ni mucho menos por obra pública a ninguna de las empresas mencionadas ni tampoco son contratistas o proveedores que le sirvan a la delegación que presidí”, dice la ex senadora.
Sansores afirma que no existe ningún daño por 33 millones de pesos, ya que no se contrataron empresas de ninguna de la lista negra del SAT: “Todas las contrataciones son públicas y de fácil acceso a la ciudadanía”.
“Soy una combatiente de la corrupción, por ejemplo, la suscrita fue quien denunció penalmente a exfuncionarios por los hechos que rodean la contratación de empresas fantasmas y pagos ilegales realizados por mi antecesor en la alcaldía, Álvaro Obregón”, manifestó Layda Sansores.
Recuerda que cuando asumió el cargo de alcaldesa de Álvaro Obregón, más de 100 personas físicas y morales nos reclamaron el pago por un monto de más de 321 millones de pesos por servicios y obras públicas que aseguraban haber prestado.
“En ese momento decidimos investigar; luego de una revisión contable, documental y física, nos percatamos que esos acreedores eran empresas fantasmas cuya razón social era el nombre de empresas constituidas en otros países y que al visitar los domicilios que, en los documentos señalaban estar instaladas, simplemente no estaban”, manifiesta la candidata de Morena.
La exlegisladora agrega que también se encontraban servidores públicos de la Alcaldía Álvaro Obregón, así como de otras alcaldías.
“Cuando nos dimos cuenta que había este tipo de empresas irregulares y servidores públicos como acreedores, verificamos si los servicios y obras se habían realizado, procedimos a cotejar con los documentos existentes y se realizaron inspecciones físicas, dándonos cuenta que todo era un vil fraude”, añade.
“Fue ahí el momento en el que concluimos que la Alcaldía había sido defraudada por millones de pesos en perjuicio de la ciudadanía, desconociendo el destino de los recursos públicos utilizados”, concluye Layda Elena Sansores San Román.
