En febrero de 2014, Clara (nombre ficticio) dio a luz a una niña en el Hospital Infantil del Estado, ubicado en Hermosillo, la capital de Sonora, pero personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia —una dependencia del Gobierno estatal que se debe encargar de orientar, defender y proteger a los más vulnerables— se la quitó. Vladimir Arzate, entonces subdirector de esa instancia, le indicó que su hija había ingresado a la casa hogar Unacari. Cuando ella intentó localizar a la menor, los empleados del albergue le dijeron que su hija no estaba ahí. La mujer declaró que dejó de buscar a su niña porque Arzate “la amenazó con quitarle otro hijo y meterla a la cárcel”.

La hija de Clara fue una de las víctimas de una red de tráfico de menores de edad operada por servidores públicos en el norteño Estado de Sonora entre 2009 y 2015. Aunque el Gobierno estatal había reconocido diez casos, una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que derivó en una recomendación a diversas autoridades, reveló que 22 niños fueron víctimas de la red de tráfico de infantes tras haber sido separados de sus padres biológicos para darlos en adopción a través de procesos irregulares.

Aunque hay una investigación abierta por el caso, el organismo encontró dilación e irregular integración de las averiguaciones previas por parte de las autoridades y señaló que no hay una adecuada impartición de justicia debido al “ilegal desistimiento de la acción penal ejercida en su momento, en contra de 13 personas, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de suposición, supresión, ocultación y substitución de infante”, se expone.

La Comisión también denuncia que en el caso de 682 menores de edad, el DIF estatal —una instancia que brinda asistencia social a las familias— presentó informes imprecisos, por lo que no se puede conocer el destino final de 682 menores de edad. “Además esa autoridad no exhibió la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de 110 casos de menores de edad que fueron dados en adopción”, se detalla en la recomendación.

En la red también hubo participación de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social —el sistema de sanidad más importante del país y que depende del Gobierno federal— por la expedición de certificados de nacimiento de 17 menores de edad, que contienen datos falsos respecto de la identidad de sus madres biológicas, exhibe la CNDH en su informe.

El organismo pidió al Gobierno de Sonora y al IMSS que se reparen los daños ocasionados a los padres biológicos de 22 menores de edad que fueron víctimas de supresión y tráfico de infantes, y que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños a todas las víctimas en aquellos casos en los que se determine algún trámite indebido en la adopción.

Las irregularidades

La hija de Clara no ha aparecido y las autoridades desconocen su paradero. En el expediente integrado por la CNDH, personal del DIF estatal presentó un acta donde consta que personal de la entonces procuraduría del menor otorgó el “resguardo temporal” de la niña a un familiar, pero esta persona no es conocida por la madre ni por otros integrantes de la familia. En entrevista con personal de la Comisión, la tía y la abuela de la pequeña narraron que cuando tenía seis meses de haber nacido, acudieron a Unacari a verla, pero no les permitieron la visita.

En otro de los casos, una mujer narró que su sobrina parió a una niña en 2013 y como la madre tenía problemas de adicción, la recién nacida fue “asegurada” por servidores públicos de la entonces Procuraduría del Menor. Posteriormente, Arzate le concedió la custodia de la menor. Sin embargo, el 23 de febrero de 2015 su sobrina parió un segundo bebé, que también fue asegurado por la instancia y del cual se desconoce su paradero.

Arzate declaró que en una ocasión se reunió con uno de los padres interesados en adoptar a una menor. “Al llegar al lugar [donde se reunieron] les comenté la situación de una niña la cual se encontraba en estado de abandono, hija de madre toxicómana […] que en todo caso que se pudiera se les daría un aviso de nacimiento de la menor a su nombre el cual costaría la cantidad de 15.000 pesos”, relató. Una vez que la mujer dio a luz, la madre adoptiva entró con Arzate al área de neonatales donde le hicieron entrega del recién nacido. Posteriormente le otorgó el aviso de nacimiento que fue elaborado por Edgar Vázquez Tello, un doctor de Empalme que fue regidor en el Ayuntamiento de ese municipio.

Los padres adoptivos que han brindado su declaración han contado que el pago era de entre 100.000 y 130.000 pesos. En algunos casos hacían el pago de la mitad de lo estipulado antes de que les entregara al menor y el resto una vez que les era entregado en las instalaciones del hospital público donde la madre biológica era internada. Los funcionarios involucrados les decían que el cobro era para “agilizar el trámite de adopción”.

ESCRITO POR. EL PAÍS