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Los Municipios actores clave para la protección de los DDHH: CEFIM

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• Del Foro se desprende que las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos cambien su denominación a Defensorías, así como su creacion en los 58 Gobiernos Municipales independiente de la cantidad de habitantes, fue una de las propuestas que presentó el Presidente de la CEDH.
• El ombudsperson sostuvo que los municipios tienen las herramientas para enfrentar los retos en esta materia.

Ante la actual dinámica social impuesta por la pandemia de Covid-19, la Coordinación Estatal para Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), organizó este miércoles el Foro en línea “Municipio y Derechos Humanos. Los retos de la Coordinaciones Municipales”. Con la finalidad de crear sociedades más justas, incluyentes y democráticas en el ámbito local, donde los municipios son pieza clave para fortalecer los Derechos Humanos.
En el foro virtual participaron el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Jorge Andrés López Espinosa, la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Olga Liliana Palacios Pérez, además del Maestro en Procedimientos Constitucionales, Ricardo Humberto Preciado Jiménez.
El titular de la Coordinación Estatal, Luis Gerardo Aldaco Ortega, informó que “gracias a estas acciones en CEFIM buscamos promover, garantizar y proteger los derechos humanos. Y a través de este rico y productivo debate, sentamos un precedente para fortalecer en los 58 Municipios un área encargada de la promoción y protección de estas garantías individuales”.
Añadió que, “en medio de la pandemia por el coronavirus, este foro es un ejercicio cercano a la ciudadanía, donde indagamos sobre los avances y retrocesos en la creación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Proponemos por un lado, capitalizar los avances en materia de derechos que hemos tenido en nuestro municipios y, por el otro, revisar las áreas de oportunidad que existen, para que el gobierno municipal adquiera un rol central en el contexto actual”.
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Jorge Andrés López Espinosa, habló de la iniciativa presentada en el Congreso del Estado, para reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que busca modificar la denominación de las Coordinaciones a Defensorías Municipales de Derechos Humanos, además de ampliar su cobertura a todos los municipios del Estado y no solo aquellos con una población mayor a los 40 mil habitantes, tal como lo indica la Ley.
Referidas acciones dotarían de autonomía a los defensores de derechos humanos, garantizando con ello su fortalecimiento e imparcialidad operativa y presupuestal, además los facultaría para emitir medidas cautelares ante los abusos o violaciones que se puedan cometer, brindando con ello una protección de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos.
La Coordinadora Municipal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Olga Liliana Palacios Pérez, explicó que, “en el 2014 se aprueba la existencia de las Coordinaciones Municipales, siendo un órgano de reciente creación, por eso es necesario hablar de cómo consolidar estos espacios para revisar su autonomía y operatividad”.

“Uno de los retos más importantes es la vinculación interinstitucional para el desarrollo de políticas públicas y del trabajo constante, aquí las coordinaciones tienen una gran tarea, porque ante esta emergencia sanitaria debemos mantener una orientación constante, privilegiando el derecho de acceso a la información y a la salud pública. Otro aspecto es contar con presupuesto y libertad de decisión, no en todos los municipios existen recursos, no se pueden emitir medidas cautelares y solo se pueden generar espacios de diálogo, ahí está el desafío de las Coordinaciones Municipales”.

El Maestro en Procedimientos Constitucionales, Ricardo Humberto Preciado Jiménez, abordó el tema de los pueblos indígenas, donde sugirió la posibilidad para que las Coordinaciones Municipales puedan encargarse del tema y a su vez generar medidas cautelares o administrativas para el respeto de un derecho humano.

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