Esteban Espinoza / San Luis Potosí
Cuatro de los magistrados recientemente electos para integrar el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí enfrentan un serio cuestionamiento legal: no cumplen con el promedio mínimo de calificaciones exigido para ocupar el cargo, lo que podría derivar en su destitución.
Se trata de Arturo Morales Silva, actual presidente del Poder Judicial; José Luis Ruiz Contreras, Ángel Gonzalo Santiago Hernández y Mónica Kemp Zamudio. De acuerdo con documentación oficial emitida por la Facultad de Derecho de la UASLP, ninguno de ellos alcanzó el promedio general mínimo de 8.0 en su formación de licenciatura, como lo exige la convocatoria vigente para la elección extraordinaria judicial 2025.
Los documentos, firmados por Daniel Medina Castillo, secretario general de la facultad, revelan que Morales Silva y Ruiz Contreras obtuvieron un promedio de 7.91, Santiago Hernández 7.58 y Kemp Zamudio 7.88. Las constancias fueron solicitadas por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Dennise Porras Guerrero, y se emitieron el pasado 3 de julio.
Este requisito no es menor. Se encuentra estipulado en las tres convocatorias que regularon el proceso de selección para magistraturas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además del promedio general de 8.0 en licenciatura, también se exige un promedio mínimo de 9.0 en las materias relacionadas con el cargo en estudios de posgrado.
A pesar de ello, los Comités de Evaluación que debieron validar estos requisitos permitieron que los cuatro aspirantes avanzaran en el proceso hasta llegar a la boleta electoral. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) tampoco realizó esta revisión al momento de asignar las magistraturas, bajo el argumento de que dicha verificación correspondía exclusivamente a los Comités.
Ahora, los nombramientos están siendo impugnados ante el Tribunal Electoral del Estado, a través de los juicios acumulados TESLP/JNE/09/2025, TESLP/JNE/10/2025, TESLP/JNE/11/2025 y TESLP/JDC/111/2025, promovidos por aspirantes que quedaron fuera del proceso, entre ellos Juan Paulo Almazán Cue y Yaneth Hernández Trejo.
A nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral ha invalidado el nombramiento de al menos 45 magistrados y jueces por no cumplir con este mismo requisito. En San Luis Potosí, este criterio ya provocó que la magistratura ganada por María Concepción Castro Martínez en el Noveno Circuito quedara vacante.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado que este tipo de irregularidades deben detectarse antes de la jornada electoral, aunque reconoció que ahora corresponde al tribunal resolver si los magistrados potosinos deben ser retirados del cargo.