EL ORÁCULO
Por Esteban Espinoza
La ruptura entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena en San Luis Potosí dejó de ser rumor para convertirse en un hecho político de alta relevancia. Lejos de debilitar a los actores en conflicto, ha acelerado la carrera rumbo a la gubernatura de 2027, marcando el inicio de una confrontación abierta entre el aparato de poder estatal y la estructura nacional de la Cuarta Transformación.
Y es que el Verde no oculta su intención: imponer a la senadora Ruth González Silva —esposa del gobernador Ricardo Gallardo— como su candidata. La puesta en escena ya comenzó. Ruth recorre escuelas en la zona media y la Huasteca, cortando listones y promoviendo obras menores, mientras el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo —su tío—, actúa como operador político desde la comodidad del gabinete estatal. Esta estrategia no es nueva: la utilizó Fernando Toranzo con éxito en la antesala del sexenio de Carreras. Hoy el gallardismo la recicla, convencido de que la visibilidad es igual a votos.
Pero la ambición va más allá de las urnas. El Verde quiere todo. Ya controla el Ejecutivo estatal, la mayoría en el Congreso local, porque incluso se ve al PAN, PRI y MC, votando en bloque con el Verde y el partido del Trabajo; la Fiscalía, el Poder Judicial y hasta los órganos autónomos. Ahora busca apoderarse de los programas sociales. El propio Gallardo ha reclamado públicamente no tener acceso a la base de datos de los beneficiarios del Bienestar, y sus operadores en municipios como Villa de Reyes presionan a las delegaciones federales para colocar a sus cuadros en comités comunitarios. Es una táctica bien calculada: si controlan los padrones, pueden torcer voluntades y manipular resultados desde la entraña misma de los programas sociales que construyó Morena.
El pasado 18 de junio, durante la toma de protesta del nuevo Comité Municipal del Verde en Soledad de Graciano Sánchez, se escenificó el “destape” de Ruth González. La diputada Diana Ruelas, ahora coordinadora municipal del tucán, lanzó la consigna: “San Luis está listo para tener una gobernadora”. Ruth no se quedó atrás: “Vamos por más… 20, 30 o 50 años de progreso”, declaró, en lo que pareció más una advertencia que una propuesta política.
No fue un acto simbólico. Fue el banderazo de salida del proyecto transexenal del gallardismo, que, de acuerdo con fuentes internas, contempla que el gobernador solicite licencia tras su Quinto Informe (probablemente en septiembre de 2026 en Tamazunchale), para convertirse en jefe de campaña de su esposa; y por supuesto, tratando de engañar a la opinión pública y a Morena, para evitar que le apliquen el impedimento por nepotismo, para ir en coalición con Morena; un engaño muy bizarro.
Su suplente sería Guadalupe Torres Sánchez, el actual secretario general de Gobierno, quien cumpliría así su sueño de sentarse —aunque sea por un año— en la silla de Palacio de Gobierno.
La maquinaria del Verde ya está en marcha. Quieren repetir la hazaña de 2021, cuando con votos prestados de Morena y la bendición tácita del obradorismo local, Gallardo ganó la elección. Pero el escenario ha cambiado. Hoy, la guerra es interna. Ya no es contra el PRI ni el PAN, sino contra el partido que en teoría lo llevó al poder.
Morena, sin embargo, no está derrotada. Pero sí enfrenta su prueba más difícil. Con una estructura local debilitada y una delegación del Bienestar presionada desde el poder estatal, necesitará la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, si quiere equilibrar la balanza.
La intervención del Ejecutivo federal será crucial, sobre todo si el Verde insiste en convertir a San Luis Potosí en un estado de partido único. El reciente relevo en la dirección de la Benemérita Escuela Normal del Estado —tras la negativa del anterior director a afiliar a maestros y alumnos al Verde— confirma el talante autoritario con el que el gallardismo planea consolidar su hegemonía. Ni siquiera el prestigio académico, como haber obtenido el primer lugar nacional en evaluación educativa, fue suficiente para frenar el castigo político.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿cuánto aguantará Morena la presión del poder absoluto? ¿Tiene el músculo político para resistir una embestida institucional desde adentro del gobierno estatal? ¿O asistiremos, como espectadores pasivos, al ensayo de una nueva dinastía política disfrazada de continuidad?
La contienda por la gubernatura ya empezó. Y no será entre partidos, sino entre el poder y la resistencia.