*.- El asunto podría generar denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia, al igual que procesos en otras instancias como el Tribunal de Justicia Administrativa y el Órgano interno de Control de la propia Universidad.
*.- La UASLP omitió la presentación de documentos relacionados con los Ingresos Propios recaudados y esto imposibilitó comprobar la captación, administración, ejecución y otros detalles del monto fiscalizado.
El Auditor Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que derivado de los Recursos Fiscales e Ingresos propios correspondientes a la Cuenta Pública 2022 que formaron parte de la muestra auditada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, resultaron observaciones por un monto equivalente a los 658 millones 175 mil 306 pesos.
Lo anterior, debido a que el Instituto de Fiscalización Superior detectó irregularidades concernientes a la no presentación de documentación diversa, tal es el caso de la balanza de comprobación; estados de cuenta bancarios donde se administran los ingresos propios; integración de ingresos propios recaudados; movimientos auxiliares de los registros contables y presupuestales de las cuentas que forman parte de los ingresos propios; normativas aplicables a la obtención, administración, manejo, ejercicio y aplicación de los ingresos propios; acumulado de nómina con cargo a ingresos propios; así como la documentación soporte de cada una de estas anomalías.
Por tanto, la falta de la documentación arriba descrita imposibilitó comprobar la captación, recaudación, custodia, manejo, administración, ejecución, registro financiero y contable del monto fiscalizado, así como el cumplimiento de objetivos, aplicación de lineamientos y disposiciones legales, prevaleciendo la duda de que los recursos públicos hayan sido administrados bajo los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y honradez.
De este modo, Rodrigo Lecourtois puntualizó que una vez habiendo entregado el Informe Individual correspondiente al Congreso del Estado, en un plazo no mayor a 10 días hábiles el Instituto deberá notificarlo a la UASLP y ésta contará con 30 días hábiles para presentar la solventación al IFSE, lo que deberá ocurrir a mediados de enero de 2024.
A partir de que el organismo fiscalizador haya recibido la información y consideraciones pertinentes de manos de la UASLP, el IFSE cuenta con 60 días hábiles más -plazo que se concretará a mediados de abril de 2024 aproximadamente-, para emitir un pronunciamiento final y proceder a integrar los expedientes que contengan los elementos probatorios de los resultados que no fueron solventados en su caso, y enviarlos a su Coordinación de Investigación.
Posteriormente y dado el caso, se presentará el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la autoridad substanciadora del IFSE para que ésta, de considerarlo procedente, presente el expediente respectivo ante el Tribunal, así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado y en el caso de las faltas no graves, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante el órgano interno de control para que éste continúe la investigación respectiva y en su caso, promueva la imposición de las sanciones que procedan.
