Esteban Espinoza / San Luis Potosí
La violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí existe, pero su verdadera dimensión permanece oculta. No por la ausencia de ataques, sino por la falta de registros públicos claros, consistentes y confiables que permitan conocer cuántas agresiones se cometen, cómo ocurren y quiénes las perpetran.
Especialistas han advertido públicamente que el principal problema no es únicamente el riesgo que enfrenta el gremio, sino la opacidad institucional que impide evaluar la eficacia de las políticas de protección. Sin datos verificables, señalan, resulta imposible diseñar acciones preventivas o corregir fallas estructurales.
El Diagnóstico sobre la política estatal de protección (2013–2023), elaborado por Alejandra Balduvín Álvarez y María José Puente Zavala, en colaboración con Educación y Ciudadanía A.C., expone que la legislación obliga al Mecanismo Estatal de Protección a generar estadísticas, prevenir agresiones y proponer ajustes normativos. Sin embargo, en la práctica no existen informes públicos detallados sobre los casos atendidos, lo que impide identificar patrones de violencia y responsabilidades.
A nivel federal, el panorama también es limitado. De acuerdo con el Mecanismo Federal de Protección, durante 2024 únicamente 21 personas de San Luis Potosí contaban con medidas de protección. Entre 2012 y 2022 se registraron 25 solicitudes provenientes del estado.
Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión reportó 14 denuncias de periodistas entre 2010 y 2022, además de cinco más en 2023. No obstante, los propios informes oficiales reconocen que solo en el 0.5 por ciento de las investigaciones se ejerció acción penal.
En el ámbito estatal, el diagnóstico documenta 133 atenciones entre 2015 y 2023, primero mediante la Unidad Estatal de Protección y, a partir de 2021, a través del Mecanismo Estatal. Aun así, la Secretaría General de Gobierno informó que entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023 solo se recibieron cuatro solicitudes formales de incorporación, de las cuales una sola fue aceptada.
La brecha entre cifras oficiales y registros de la sociedad civil es evidente. En 2023, Artículo 19 documentó 21 agresiones contra periodistas en San Luis Potosí, mientras que el Mecanismo Estatal reportó apenas cinco atenciones en ese mismo periodo.
Esta disparidad, advierten especialistas, confirma que la ausencia de información transparente no solo invisibiliza la violencia contra la prensa, sino que debilita cualquier intento de garantizar condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio del periodismo en la entidad.