Esteban Espinoza / San Luis Potosí
Un total de 6.7 millones de pesos en sanciones económicas han sido impuestas a partidos políticos y candidaturas en San Luis Potosí por el Instituto Nacional Electoral (INE) entre 2018 y 2023, de acuerdo con un informe oficial del organismo. A la fecha, estos montos continúan sin ser cubiertos, pese a encontrarse en firme.
El reporte, titulado “Sanciones impuestas derivado de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización”, fue revisado por el Consejo General del INE el pasado 26 de junio, y detalla las infracciones cometidas principalmente en el proceso electoral de 2021, cuando se renovaron la gubernatura, el Congreso del Estado y los ayuntamientos.
La mayor carga de multas recae sobre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). El PVEM acumula más de 4.3 millones de pesos en dos expedientes sancionadores, uno por 515 mil pesos y otro por 3.8 millones.
El PT, por su parte, suma 856 mil pesos en sanciones derivadas del mismo procedimiento fiscalizador.
En el caso de Morena, tres mujeres que fueron precandidatas a la gubernatura en 2021 aparecen como responsables de sanciones individuales por 434 mil 400 pesos cada una, lo que representa un monto conjunto superior a 1.3 millones de pesos.
Además, dos aspirantes al Congreso local postulados por el PVEM recibieron sanciones por 108 mil 600 pesos cada uno.
El informe del INE establece que todas las multas aplicadas se mantienen firmes. Aunque el documento señala que en algunos procesos de otras entidades hubo impugnaciones o revocaciones, en el caso específico de San Luis Potosí no se presentó ningún recurso, por lo que se presume que las multas están activas y son exigibles.
Incluso, se menciona una sanción heredada desde el proceso electoral de 2018 a la entonces coalición “Por San Luis al Frente” —integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano— por un monto menor de 23 mil 628 pesos.
El caso pone en evidencia no solo las prácticas irregulares en el financiamiento y gastos de campaña en San Luis Potosí, sino también la necesidad de fortalecer los mecanismos para garantizar el cobro efectivo de las sanciones, que actualmente permanecen sin resolución financiera por parte de los actores políticos involucrados.