Milenio Digital
CIUDAD DE MÉXICO.- Los alcaldes de México propusieron la creación de un cuerpo de agentes especializados, emanados de la Policía Federal, que refuerce la seguridad de los presidentes municipales en zonas consideradas de alto riesgo.

La distribución de los agentes dependerá de un comité de seguridad, a partir de un análisis de los factores de riesgo para la integridad de los funcionarios municipales, de acuerdo con el “Protocolo para la Seguridad y Protección de Alcaldes”, elaborado por la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac).

Dicha asociación reúne a 419 alcaldes panistas y junto con la Federación Nacional de Municipios (Fenamm) y la Asociación de Autoridades Locales en México (Almac), integran la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), que representa a 2 mil 446 ayuntamientos.

De acuerdo con el documento, los oficiales se distribuirán con prioridad en Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Durango, Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua y Puebla, ya que esas entidades registran el mayor número de homicidios y atentados en contra de funcionarios municipales.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Conamm analizan y discuten las propuestas de las tres organizaciones de municipios que la conforman, con el fin de hacer frente a las amenazas que reciben los alcaldes de manera cotidiana.

Para implementar el protocolo, se planteó la creación de un Comité de Seguridad –dependiente de la Secretaría de Gobernación-, que determinará la distribución de los agentes y se encargará del proceso de selección.

El comité será un órgano colegiado que tendrá entre sus funciones, la obligación de identificar las zonas de riesgo para los alcaldes, recibir las solicitudes de los municipios y generar los reglamentos de operación.

Estará integrado por el presidente y vicepresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública municipal, tres alcaldes y dos miembros de la Segob.

El documento establece niveles de uso de la fuerza y especifica los casos en los que debe aplicarse la inmovilización y el sometimiento o el empleo de la fuerza letal.

La Segob se ocupará de los gastos por armamento, vehículos, equipos de apoyo y salarios, así como la capacitación y adiestramieno de agentes especializados.

De acuerdo con la Anac, en los últimos 10 años fueron asesinados 79 funcionarios vinculados a la administración municipal, de cuales 32 eran ex alcaldes y siete presidentes electos.

¿Qué hace un agente especializado?

De acuerdo con la propuesta, el agente especializado estará encargado de evaluar la gravedad de las amenazas en contra del alcalde, podrá intervenir llamadas telefónicas y revisar los paquetes y correspondencia, aunque no podrá leerla salvo por indicaciones del comité de seguridad.

También implementará medidas rigurosas de entrada y salida del personal en la oficina del alcalde o en su domicilio particular.

En caso de un ataque, el agente deberá utilizar la fuerza para detener al agresor. Mientras que en caso de homicidio, además de seguir el procedimiento penal ante el Ministerio Público, el comité de seguridad y la Secretaría de Gobernación determinarán la posibilidad de iniciar averiguaciones en contra de los agentes especializados por negligencia.

Alcaldes amenazados

Al margen de las propuestas presentadas, los presidentes de las organizaciones coinciden en la urgencia de contar con un programa de protección para los funcionarios municipales.

“Es un protocolo que ya se tiene. No ha sido aceptado por el comisionado pero vamos a revisarlo. Proponemos grupos de reacción especializados que van a estar en una región, que van a tener un contacto directo con municipios y estados para que si reciben una llamada la puedan atender y proteger cuando haya una amenaza”, dijo Isidro López Villarreal, presidente de la Conamm.

Mientras que Américo Zúñiga Martínez, presidente de la Fenamm, se pronunció por un sistema selectivo de protección para los alcaldes que despachan en zonas de alto riesgo.

“Nosotros entendemos perfectamente que es administrativa y financieramente imposible el dar elementos de seguridad a los más de 2 mil 400 presidentes municipales que hay en el país, sin embargo, hemos pedido que se identifique a los presidentes municipales que tienen un análisis de riesgo o un análisis de contexto de peligrosidad al interior de sus ayuntamientos”.

Américo Zúñiga dijo que se deben tomar medidas urgentes para garantizar la vida, libertad e independencia de los alcaldes y evitar la cooptación de los cuerpos de seguridad municipal por el crimen organizado.

En tanto, Marcos Pérez Calderón, alcalde de Tochtepec y presidente de la Almac, propuso que la federación regrese a los municipios los recursos del fondo de seguridad y prevención del delito que hoy ejercen los gobiernos estatales.

“Pedimos a las autoridades estatales coordinación en materia de seguridad y atención a las solicitudes de enlace municipal; el Mando Único originó en la mayoría de los estados en los que se puso en marcha, una concentración de recursos y de elementos de seguridad de atención exclusiva para funciones estatales”, destacó.

Pérez Calderón, que representa a los alcaldes del PRD y PT, dijo que la Almac tiene 40 reportes de alcaldes que han sido amenazados en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Puebla.

“Han recibido amenazas y están preocupados por seguridad. Algunos han tenido que despachar en otros lados por el tema de seguridad. Aquí en Puebla ya tuvimos una plática con la Secretaria de Gobernación, nos van a facilitar todas las herramientas para brindar atención a los alcaldes”, dijo.

La propuesta de contar con seguro de vida no es generalizada; para Isidro López, de la Conamm, los alcaldes deben contar con una fianza con cargo al Fortaseg que hoy reciben sólo 300 municipios.

Mientras que Américo Zúñiga, que representa a los alcaldes priistas de la Fenamm, proporcionar un seguro de vida para los funcionarios municipales es imposible desde el punto de vista financiero.

“No existe un orden de gobierno encargado de garantizar o proteger a otro. La seguridad de los gobernadores no es propiamente una responsabilidad de la federación. Creemos que hay lugares que se deben de identificar, generar este protocolo, no para los más de 2 mil 400 alcaldes sino para los que están en zonas de análisis y riesgo que están en un peligro inminente”, dijo.