Esteban Espinoza / Ciudad de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral que propone cambios relevantes al sistema político del país, entre ellos la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y un nuevo esquema para la asignación de diputados plurinominales, con el objetivo de vincularlos de forma más directa con el voto ciudadano.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis en el Palacio Legislativo de San Lázaro y plantea modificar diversas disposiciones en materia electoral, con la intención de reducir los costos del sistema político, fortalecer la representación basada en votos reales y modernizar los procesos electorales.
Uno de los cambios centrales de la iniciativa consiste en disminuir el financiamiento ordinario que reciben los partidos políticos. Actualmente, el cálculo se realiza con base en el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada ciudadano inscrito en el padrón electoral; la reforma plantea reducir esta fórmula al 48.75 por ciento.
No obstante, se mantiene el esquema de distribución en el que el 30 por ciento del recurso se reparte de manera igualitaria entre los partidos políticos y el 70 por ciento restante conforme al porcentaje de votación obtenido en la elección anterior. Con ello, se busca reducir el gasto público destinado a los institutos políticos y promover una mayor dependencia de la militancia y simpatizantes.
Otro de los puntos destacados es el nuevo sistema para la asignación de diputados plurinominales en la Cámara de Diputados. La iniciativa no elimina la representación proporcional, pero modifica su método de integración. El Congreso mantendría sus 500 legisladores: 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.
Sin embargo, de esos 200 diputados plurinominales, 100 serían asignados a los llamados “mejores perdedores”, es decir, candidatos que no ganaron su distrito pero obtuvieron altos porcentajes de votación, mientras que los otros 100 se definirían mediante votación en circunscripciones regionales, incluyendo representación de mexicanos en el extranjero. Con este esquema se busca reducir el control de las dirigencias partidistas sobre las listas y fortalecer la relación entre votos obtenidos y representación legislativa.
La iniciativa también plantea reducir el número de integrantes del Senado de la República. Actualmente la cámara está conformada por 128 legisladores, pero la propuesta plantea disminuirla a 96. El nuevo modelo contemplaría dos senadores de mayoría relativa por estado y uno de primera minoría, eliminando los 32 escaños plurinominales nacionales.
En materia de fiscalización, la reforma establece reglas más estrictas para evitar financiamiento ilegal en campañas. Se plantea prohibir de manera expresa la recepción de recursos provenientes de gobiernos u organismos extranjeros, así como de personas residentes fuera de México.
Además, todas las aportaciones privadas deberán realizarse a través del sistema financiero y ya no se permitirían donaciones en efectivo. Los bancos, a su vez, tendrían la obligación de reportar al Instituto Nacional Electoral operaciones relacionadas con campañas políticas.
La iniciativa también introduce regulación para el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. De aprobarse, cualquier contenido generado o alterado mediante estas tecnologías deberá estar claramente etiquetado, y las plataformas digitales tendrían la responsabilidad de advertir al público cuando se trate de material creado con inteligencia artificial, con el fin de evitar la difusión de deepfakes o manipulaciones durante los procesos electorales.
Otro cambio relevante es la reducción del tiempo oficial destinado a propaganda política en radio y televisión durante campañas, que pasaría de 48 a 35 minutos diarios, con el objetivo de disminuir la saturación mediática y fomentar estrategias de comunicación más digitales.
La propuesta también fortalece los mecanismos de democracia directa como consultas populares, plebiscitos y referéndums, estableciendo que puedan solicitarse con el respaldo del 2 por ciento del padrón electoral y que sus resultados sean vinculantes si participa al menos el 40 por ciento de los ciudadanos.
Asimismo, abre la posibilidad de utilizar tecnologías digitales para la votación en consultas populares, con el objetivo de modernizar el sistema electoral y facilitar una mayor participación ciudadana.
Entre otras medidas, se plantea que los cómputos distritales comiencen desde la recepción del primer paquete electoral para acelerar la entrega de resultados, además de establecer acciones afirmativas que garanticen candidaturas para pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y otros grupos históricamente subrepresentados.
La iniciativa también contempla la creación de un mecanismo de coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia, inteligencia financiera y la autoridad electoral para detectar financiamiento ilícito y evitar la infiltración del crimen organizado en candidaturas.
En términos generales, la propuesta busca reducir el costo del sistema electoral, modificar la lógica de representación política para vincularla más estrechamente con el voto ciudadano y actualizar la legislación frente a nuevos desafíos tecnológicos y de seguridad en los procesos democráticos del país.