Esteban Espinoza / Rioverde SLP
Gabriel López Vega, productor agropecuario y representante de unidades de producción en la zona media de San Luis Potosí, hizo un llamado urgente a las autoridades federales para que se valide el ejercicio de los recursos del subsidio energético correspondiente al año 2023, los cuales, asegura, fueron utilizados legítimamente en actividades agrícolas.
Durante su declaración, López Vega afirmó que tanto el Programa de Apoyo a la Energía Eléctrica para el Sector Agrícola (conocido como POS) como el Apoyo a la Tarifa de Riego Agrícola (ATF) están vigentes, así como sus documentos y procedimientos actualizados para el ciclo 2025. “Nosotros somos administradores, el POS existe, el ATF existe, tenemos nuestro procedimiento 2025 vigente”, enfatizó.
Sin embargo, denunció que el Gobierno Federal no ha reconocido adecuadamente los resultados presentados por las autoridades locales en Tamaulipas, lo que ha generado incertidumbre y deudas millonarias entre los productores. “Estamos pidiendo que se valide que durante el 2023 ese recurso fue ejercido en lo que es: la producción agrícola”, recalcó.
La afectación alcanza a más de 1,500 familias directamente, sólo en la región de la delegación zona media. En todo el estado, se estima que existen alrededor de 1,600 unidades de producción, de las cuales 350 pertenecen a esta zona, donde operan múltiples sociedades.
López Vega explicó que los impactos no son únicamente económicos, sino también sociales. En su caso particular, al menos 40 familias dependen del trabajo agrícola generado por su pozo. “Si me cortan la energía eléctrica y me dejan sin producir, esas familias tendrían que buscar otra fuente de ingreso”, dijo.
Los montos de adeudos por facturación eléctrica son alarmantes: oscilan entre los 50 mil y los más de un millón de pesos. Se han registrado casos como el de la Unidad de Riego Lomas del Toro, en la comunidad de La Reforma, donde el recibo supera el millón 60 mil pesos. López Vega, por su parte, reporta un adeudo de 110 mil pesos, mientras que otros productores enfrentan ajustes de hasta 300 mil pesos.
El productor reiteró que estos adeudos corresponden a la cuota energética subsidiada por un programa federal destinado a apoyar el bombeo para el riego agrícola. La falta de reconocimiento de estos subsidios pone en riesgo la continuidad de las labores del campo y la estabilidad económica de miles de familias en la región.
