Hay 32 millones de personas que trabajan sin ingreso suficiente, 34 millones sin servicios de salud, 18 millones sin contratación estable, por lo que están sujetas a despidos, de acuerdo con el  “Reporte Especial por la emergencia del covid-19” del Observatorio de Trabajo Digno presentado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el cual muestra una realidad desoladora previa a la pandemia.

Según el reporte de “Frente a la Pobreza”, México carece de seguro de desempleo y los programas sociales no están diseñados para garantizar ingreso básico a quienes pierden su trabajo, por lo que urgen acciones para enfrentar la crisis laboral de esta emergencia, pues tan sólo en 3 semanas ya se perdieron casi 350 mil empleos formales.

Sin embargo, se detalla en el estudio que, no se trata de apoyar a “empresarios” sino de proteger empleos, a personas sin ingresos y a pequeñas y medianas empresas.

“Ya se perdieron casi 350 mil empleos formales en 3 semanas según los datos del IMSS que presentó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo el 8 de abril. Hay que actuar ya. No se trata de apoyar a los empresarios en sus lujos o privilegios, sino a quienes viven al día y no pueden perder su fuente de trabajo”, explicó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de “Frente a la Pobreza”.

El debate no es sobre los macroproyectos. Tampoco se trata de atacar a los programas sociales del gobierno. El problema estructural, previo a este gobierno, es que México no tiene seguro de desempleo, ni un esquema de bienestar para quienes pierden su fuente de ingreso. Esa es la urgencia y lo que el gobierno ha anunciado hasta ahora no ofrece opciones para millones de personas que pueden perder su empleo en las próximas semanas, a quienes verán reducidos sus ingresos o quienes no pueden dejar de salir de casa porque si no, no comen

Además, en el Reporte Especial se destacó que casi 32 millones de personas no ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica para dos personas, por eso es que difícilmente pueden quedarse en casa si no reciben apoyo económico para subsistir.

Mientras que otras 13.4 millones de personas tienen ingreso vulnerable y 3.8 millones de personas tienen un ingreso laboral de más de 15,900 en zonas urbanas o más de 10,300 pesos si viven en zonas rurales.

Así como 34 millones de personas trabajan sin acceso a servicios de salud de la seguridad social, pero son a 15 millones a quienes no se les cumple la afiliación obligatoria, pese a que tienen trabajo subordinado y asalariado

Por otro lado, son 18 millones de personas quienes tienen empleo sin contrato estable, en riesgo de despido sin indemnización y sin defensa en caso de reducción salarial o de prestaciones, mientras que 7.7 millones de personas están desempleadas, lo que indica que muy difícilmente podrán conseguir trabajo pronto. Además, el estudio arrojó cifras de que hay otras 19.3 millones ocupadas sin ingreso laboral.

En tanto, las mujeres presentan condiciones de mayor precariedad y desigualdad respecto a los hombres, pues tienen menor participación laboral, más del doble de desempleo. Por eso, las que trabajan padecen una brecha salarial y tienen una carga de trabajo no remunerado en labores de cuidado y domésticas de otra jornada completa.

Las personas jóvenes no se quedan atrás, también padecen desigualdad en las condiciones de trabajo y dificultades de acceso. Presentan el doble de desempleo respecto a personas no jóvenes, desigualdad en condiciones salariales, menor acceso a la seguridad social y menor estabilidad en la contratación.

Ante la desnudez de las condiciones precarias de trabajo de millones de personas en nuestro país que ha dejado la emergencia sanitaria el Reporte incluye dos propuestas centrales: una para cuidar los empleos y otra para entregar transferencias monetarias a quienes pierdan su trabajo.