Esteban Espinoza / San Luis Potosí
Con la finalidad de reconocer en la Constitución Política del Estado la figura de “Diálogo Republicano”, que consiste en invitar de manera respetuosa a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial para abordar asuntos sobre el ejercicio de sus atribuciones, la legisladora Josefina Salazar Báez, presentó en sesión ordinaria una iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar la fracción XXV del artículo 57 de la citada norma.
La propuesta de la legisladora permite que los tres Poderes, que tienen igual jerarquía, se reúnan a efecto de desahogar con equilibrio y concordia, temas relacionados con las actividades y responsabilidades que son de su competencia y que permitan fortalecer el trabajo que se realiza en beneficio de las y los potosinos.
Hizo hincapié en que para coadyuvar a alcanzar las condiciones establecidas, la iniciativa busca como atribución del poder legislativo la capacidad de invitar a sostener un Diálogo Republicano, tanto al titular del Poder Judicial, como del Poder Ejecutivo, o a ambos de forma concurrente, para abordar de esta manera, aquel asunto o asuntos específicos, que por su gravedad, urgencia o importancia, ameriten una reunión con el pleno del Congreso del Estado.
Cabe destacar que con esta reforma, los mecanismos para la invitación a los titulares de los Poderes del Estado, quedarán previstos constitucionalmente y existirá mayor certeza jurídica y procedimental para llevar a cabo tales encuentros, observando y respetando siempre la soberanía y dignidad de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.
El proceso que propone Salazar Báez para intercambio con los titulares de los poderes, comenzará con una propuesta específica de algún legislador, la cual deberá presentarse ante el pleno y ser aprobada por las dos terceras partes de los legisladores presentes.
Posteriormente se definirá el tema o los temas y la las circunstancias de la comparecencia con el fin de contribuir al enriquecimiento de la labor que se realiza a favor de los potosinos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.
