CIUDAD DE MÉXICO .- La creación de la Guardia Nacional fue expedita: en noviembre de 2018 el grupo parlamentario de Morena presentó la iniciativa para crear el nuevo cuerpo de seguridad federal y para febrero de 2019 el Poder Legislativo ya la había aprobado.

Casi con la misma rapidez la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) celebró contratos con empresas de reciente creación para dotar a la Guardia Nacional de ropa y protección.

De la veintena de contratos que la Sedena otorgó durante el primer año de gobierno a compañías creadas en los últimos meses, destacan tres que fueron ganados por la empresa Hollond Solutions Textile, una firma que tiene raíces en Panamá y que obtuvo contratos para fabricar la ropa de la Guardia Nacional, así como para la adquisición de chalecos antibalas.

Más contratos

Hollond fue montada en México el 10 de enero de 2019 por la firma Agorta, una off shore creada en Panamá. Ganó su primer contrato en junio, le siguió otro en octubre y uno más en noviembre, para surtir telas y chalecos antibalas por un costo de casi 8.5 millones de pesos.

El acta constitutiva 99007, registrada en la Notaría 227, radicada en Tlalpan, consigna que Hollond tiene como accionista principal a Agorta, SA, con 99% de la participación.

En el Registro Público de Panamá, Quinto Elemento Lab obtuvo una copia del acta constitutiva de Agorta, S.A. (número 14513, del 14 de agosto de 2012) y descubrió que fue formada por accionistas que, según directorios financieros de Panamá, están asociados a miles de corporativos.

Los fundadores de Agorta fueron Luis Alberto Rodríguez, quien figura en los consejos de administración de más de 14 mil empresas; Hermes Oriel Vargas, socio en más de mil 200 compañías; y Bárbara de Rodríguez, perteneciente a casi 6 mil corporativos.

El método se asemeja a un esquema típico en paraísos fiscales, donde despachos especializados prestan sus propios directorios para figurar como consejeros de empresas que ocultan a sus verdaderos propietarios.

De hecho, Luis Alberto Rodríguez representaba a Arias, Fábrega y Fábrega, uno los despachos panameños especializados en el montaje de corporativos de papel, y el nombre de ese personaje salió a relucir en 2016 en el escándalo de los Panama Papers, cuando se descubrió que ERESA, una de las compañías que presidía —la que recibía transferencias por contratos del gobierno de Valencia, España—, pertenecía en realidad a Vicente Saus, el magnate ibérico del sector de servicios clínicos.

Según los legajos, en 2016 el consejo de Agorta, S.A. fue sustituido: quedó como presidente Arcenio A. Barrios S., quien es socio de más de mil compañías; como secretaria, E. Castañeda, con récord similar; y como tesorera Ana María Burnes C., accionista de 600 firmas, de acuerdo con los directorios financieros panameños. La representante legal de Hollond en México es Teresa Miriam González Hurtado, quien no respondió a las solicitudes de entrevista. El único rastro público relacionado con ese nombre coincide con el de una exasesora de alto nivel de la Comisión Federal de Competencia Económica.