CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– “El Estado mexicano renunció a su derecho a juzgar nuevamente a Joaquín Guzmán Loera por los delitos que hubiese cometido antes y después de su fuga y recaptura. Si a mí me hubiera correspondido, yo no hubiera aceptado la extradición sin que previamente México lo enjuiciara y condenara”, sentencia el ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, quien volvió a estar en el ojo del huracán en los últimos días, tras la mención de su nombre en la sexta semana del juicio contra el ex jefe del Cártel de Sinaloa en un tribunal federal de Brooklyn.

Bajo el interrogatorio de Jeffrey Lichtman, uno de los tres abogados de la defensa de ‘‘El Chapo’’ Guzmán, el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, testigo protegido de la DEA en este juicio, afirmó que en la década de los noventa sobornó a Morales Lechuga. La nota informativa, retomada por varios medios nacionales y extranjeros, señaló que Cifuentes “confesó tener en nómina” al entonces procurador, “quien a cambio de sobornos le daba protección familiar”.

Se deslinda

Morales Lechuga reaccionó el mismo día que circularon las declaraciones de Cifuentes. Negó conocer al presunto estratega financiero del Cártel del Valle del Norte, Colombia, y le solicitó al tribunal de Brooklyn las “versiones completas de las declaraciones vertidas contra Guzmán Loera que me permitan valorar y, en su caso, presentar denuncias o demandas en defensa de mi buen nombre”.

“No se puede soslayar que de las declaraciones de Cifuentes se desprende la comisión de varios delitos, entre otros el homicidio de tres personas al parecer de nacionalidad mexicana en territorio nacional, por lo que se impone la necesidad de iniciar la carpeta de investigación respectiva”, solicitó el ex procurador en una denuncia de hechos entregada el pasado martes 18 en la oficina de Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Fiscalía General de la República.

“A mí no me han acusado de nada. Citan mi nombre de manera despectiva, peyorativa, como si yo fuera una persona corrupta, como si me hubiera prestado a recibir sobornos, cosa que es absoluta y totalmente falsa”, subraya en entrevista.

También recuerda las dificultades que tuvo con la DEA por las presiones derivadas del secuestro y posterior repatriación del médico Humberto Álvarez Machain, involucrado en la tortura y muerte del ex agente antidrogas estadounidense Enrique Camarena Salazar, y revivió el episodio del enfrentamiento entre militares y policías judiciales federales en la pista clandestina de Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, en noviembre de 1990.

Actualmente notario público y ex rector de la Escuela Libre de Derecho, Morales Lechuga argumenta que Cifuentes “no da ningún elemento de fecha o de lugar de entrega que me involucre. Ni siquiera le consta algo porque él mismo reconoce que acudió a un tercero, Juan de Dios Rodríguez Valladares, alias ‘‘El Flaco’’, que después fue asesinado en Monterrey. Es la estrategia perfecta para difamar y calumniar porque al que le consta ya está muerto”.

Al preguntarle qué peso tenía ‘‘El Chapo’’ en esa época, responde:

—Aclaremos primero dos cosas: en primer lugar, El Valle del Norte, grupo criminal que sustituye al poder de Pablo Escobar, es posterior al año 94 y yo ya no estaba como procurador, sino como embajador mexicano en Francia. El testigo es del Valle del Norte; no tiene nada que ver absolutamente con esa época, hasta donde yo sé.

“En segundo lugar, en la época en que fui procurador, ‘El Chapo’ Guzmán y ‘El Güero’ Palma eran las dos cabezas visibles del Cártel de Sinaloa. Nosotros en aquella época comenzamos a denominar a los grupos de narcotraficantes como cárteles. Antes no existía este hábito y para nosotros era primordial clasificarlo.”