A más de dos años de los terremotos de septiembre de 2017 que devastaron al menos  siete estados del país, para el ejercicio fiscal  2020   la Cámara de Diputados federal aprobó un presupuesto de  2 mil 843 millones 800 mil pesos para el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR).
Estos recursos deberán destinarse a atender a la población afectada por los dos sismos de septiembre de 2017 y el de febrero de 2018, con un enfoque de derechos humanos, de conformidad con las declaratorias correspondientes  a lo previsto en la Ley General de Protección Civil.
La aplicación y erogación de los recursos que se otorgarán a través de este programa, así como su seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia, se sujetarán a los lineamientos y reglas de operación  que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
De acuerdo con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, de los 2 mil 843 millones 800 mil pesos para este programa nacional, 2 mil 168 millones  serán gastados por la Sedatu en reconstrucción y rehabilitación de viviendas; 333.3 millones, por la secretaría de Salud; otros 333.3 millones, por la de  Cultura, y 9 millones de pesos, por la de  Educación.
Con esta asignación presupuestal, al Programa Nacional de Reconstrucción se le “rasuraron” 5 mil 156 millones 200 mil   pesos en comparación con los recursos asignados este 2019, que sumaron 8 mil millones de pesos. Al comparar ambas cantidades se observa que la reducción de recursos  fue de más de 64.4%.
Estos  8 mil millones de pesos que  el gobierno federal asignó este año  a  la reconstrucción se ejecutaron en  las entidades que resultaron dañadas por los dos terremotos de  2017: el de  8.2 grados, que en el caso de Oaxaca el 7 de septiembre  devastó  la región del Istmo de Tehuantepec; el del 19, de 7.1 grados de magnitud y  que  afectó  a las regiones  Mixteca y Cañada, y el que el 16 de febrero de 2018 golpeó a  la Costa con una fuerza de 7.2 grados.
De esos  8 mil millones de pesos, 4 mil 700  fueron autorizados para Oaxaca y actualmente se encuentran en fase de implementación, por lo que  fue la entidad que más recursos recibió.
No alcanza. Desde antes de formalizarse este recorte de 64.4% a la reconstrucción, la  diputada federal Mónica Almeida López, del PRD, y secretaria de la Comisión de Vivienda en el Congreso federal, había asegurado que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había  olvidado a los damnificados de los sismos, “al igual que la administración pasada [la de Enrique Peña Nieto]”.
En un documento entregado en septiembre pasado, se señalaba que tan sólo en Oaxaca, más de  4 mil damnificados por los sismos  aún se encontraban sin acceso a apoyos federales.
La legisladora federal aseguró que el Plan Nacional de Desarrollo “es ineficiente al no programar los avances presupuestales, lo que mantiene paralizada la vivienda y a los beneficiarios de los programas de reconstrucción sin la atención adecuada”.
Y agregó: “El ejercicio fiscal está por terminar y los subejercicios, así como la mala planeación y ejecución del presupuesto  están afectando a los beneficiarios de uno de los programas con más recursos de su ramo, por lo que las alarmas están encendidas, ya que la población ha manifestado múltiples inconsistencias en el programa”.
En el marco del segundo aniversario del terremoto, EL UNIVERSAL publicó que  como parte del Programa Nacional de Reconstrucción, este año sólo se verificaron daños en viviendas de  60% de los  damnificados de 19 municipios del Istmo, lo anterior por  el limitado  presupuesto.
Y tampoco se comprueba. Según un informe del 12 de septiembre de 2019 de la Comisión de Reconstrucción de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca, presidida por el diputado local Pavel Meléndez,  las autoridades estatales  no han podido aclarar el destino de más de 400 millones de pesos de recursos estatales, que supuestamente fueron enviados para los damnificados.
“Respondieron con documentos oficiales que no gastaron mil millones, sino que sólo  se ejercieron 674 millones de pesos, ya incluidos 200 autorizados por el Congreso; es decir, faltan por comprobar 426 millones de pesos”, dijo el legislador.