por Esteban Espinoza.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su discurso del 12 de febrero, destacó la importancia de la participación ciudadana en la selección de jueces y magistrados. Según él, “sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar”. Este planteamiento subraya su propuesta de reforma del Poder Judicial, que había presentado días antes al Congreso.
La reforma establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como los jueces y magistrados de los 32 circuitos del Poder Judicial Federal, serán elegidos por voto popular. De ser aprobada, en 2025 se celebraría una elección extraordinaria con 30 candidatos para nueve cargos de ministros de la SCJN (reduciendo el número de ministros de 11 a nueve) y seis candidatos por cada uno de los 1,635 cargos de magistrados y jueces. Las candidaturas serían propuestas por el presidente, la Cámara de Diputados, el Senado y la SCJN, cada uno con un número específico de nominados.
Los candidatos a ministros de la SCJN tendrían acceso igualitario a radio y televisión para exponer sus propuestas y participar en debates organizados por el organismo electoral. Sin embargo, no podrían contratar espacios en medios para promocionarse y los partidos políticos no podrían promover a ningún candidato. Esto plantea un desafío significativo para la autoridad electoral en términos de supervisión y equidad en la campaña.
Elegir a nueve ministros de entre 30 candidatos podría ser manejable, pero seleccionar a magistrados y jueces de entre 9,810 candidatos es una tarea monumental. Por ejemplo, en el 1er Circuito, que corresponde a la Ciudad de México, se elegirían 150 magistrados y 101 jueces de entre 1,506 candidatos. En el circuito más pequeño, Colima, habría 78 candidatos. Este proceso electoral masivo plantea cuestiones sobre cómo los votantes podrán conocer y evaluar adecuadamente a todos los candidatos y cómo se diseñarán las boletas para que sean comprensibles.
La propuesta de AMLO es atractiva para muchos que están hartos de la corrupción judicial. No obstante, la implementación de esta reforma trae consigo riesgos significativos: politización del Poder Judicial, corrupción y favoritismo, inestabilidad e ineficiencia por alta rotación de personal judicial. Además, podría aumentar la desconfianza pública debido a la percepción de parcialidad y falta de diversidad e inclusión. Estos factores podrían afectar el desempeño judicial, priorizando la popularidad y los resultados a corto plazo sobre la justicia imparcial.
Frente a estos desafíos, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha sugerido convocar a un gran debate nacional sobre esta propuesta antes de su aprobación. Este debate es crucial para asegurar que cualquier reforma del Poder Judicial sea práctica, viable y efectivamente transformadora. Es una oportunidad para modificar la propuesta o sustituirla por una alternativa que garantice la mejora real del sistema judicial en México.
La reforma del Poder Judicial propuesta por López Obrador busca democratizar la selección de jueces y magistrados, pero enfrenta numerosos desafíos prácticos y riesgos potenciales. Un debate nacional, como sugirió Sheinbaum, es esencial para afinar esta reforma y asegurar que se logren los objetivos de justicia, eficiencia y transparencia sin comprometer la estabilidad y la integridad del sistema judicial.
