Tampamolón Corona, S.L.P. — Un nuevo e importante giro dio el conflicto agrario y social por el predio “La Peña”. El Juzgado Quinto de Distrito concedió una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo, ordenando la inmediata restitución de las tierras a los integrantes de la comunidad indígena que habían sido desalojados mediante un violento operativo policial.
Dicho desalojo, ejecutado previamente por las autoridades locales, fue severamente cuestionado debido al presunto uso excesivo de la fuerza, agresiones físicas y amenazas en contra de los habitantes de “La Peña”, configurándose como un probable abuso de autoridad.
La resolución emitida por la justicia federal instruye de manera directa a la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Tampamolón para que ejecute las acciones necesarias que restituyan de inmediato la posesión del predio a los afectados. Asimismo, la representación social deberá remitir al órgano jurisdiccional las constancias que acrediten el cumplimiento cabal de dicha orden.
Garantías y representación institucional
Para asegurar la legalidad y transparencia del proceso, la diligencia de restitución deberá desarrollarse bajo la estricta presencia de representantes de las siguientes instituciones:
- Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
- Centro Coordinador de Pueblos Indígenas (CCPI) de Tancanhuitz, organismo encargado de designar a traductores oficiales en las lenguas tének, náhuatl y maya, garantizando así el pleno respeto a los derechos humanos y la correcta comprensión del procedimiento por parte de las víctimas.
De acuerdo con la información difundida por los promoventes del amparo, el dictamen federal establece una advertencia financiera y legal: en caso de acreditarse daños materiales o violaciones a los derechos humanos derivados de la actuación policial impugnada, la responsabilidad patrimonial recaería directamente sobre el Ayuntamiento de Tampamolón Corona, encabezado por la alcaldesa Silvia Medina, conforme a lo que determinen las autoridades durante el desarrollo del proceso.
Por su parte, González Gómez, representante de los afectados, afirmó que esta determinación representa un paso trascendental e histórico en la defensa de los derechos de los pueblos originarios de la Huasteca. Asimismo, aseguró que la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) mantendrá un respaldo absoluto a la comunidad de “La Peña” para evitar nuevas vulneraciones.
Esta resolución ha generado una gran expectativa en toda la región, al tratarse de un caso que mantiene confrontadas a diversas posturas sobre la posesión legal de la tierra, quedando ahora bajo el estricto escrutinio de la justicia federal mientras se define el fondo del juicio de amparo.
