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Rioverde: ¿Gobernar o imponer?

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EL ORÁCULO
Esteban Espinoza / Rioverde SLP

El Cabildo de Rioverde ha vuelto a ser escenario de disputas que más parecen actos de teatro político que deliberaciones responsables. El reciente intento del alcalde Arnulfo Urbiola de obtener un crédito de hasta 24 millones de pesos, supuestamente para comprar jabón, lamparas, escobas y trampeadores (así dijo a los medios), es solo el último episodio de un gobierno que, al parecer, no entiende o no quiere entender que las reglas del juego han cambiado.

El punto central del conflicto radica en la evidente omisión de la legalidad: la solicitud del préstamo no fue presentada en la Ley de Ingresos, como lo establece la normativa, ni se justificó adecuadamente ante el Congreso del Estado, el único facultado para aprobar este tipo de endeudamientos. En lugar de cumplir con los procedimientos legales, el edil optó por intentar “sorprender” al Cabildo, buscando forzar una votación favorable a su crédito, equivalente al 6% del total de los ingresos municipales.

La sesión del lunes dejó al descubierto un ambiente de tensión y falta de respeto entre los miembros del Cabildo. La regidora Rosa María Huerta, del Partido Verde Ecologista, no solo insultó a su compañera de Movimiento Ciudadano, Mariana Castillo, sino que extendió sus descalificaciones a todos los regidores que se abstuvieron o votaron en contra del crédito. Mariana Castillo respondió con claridad y fundamento, leyendo los artículos de la ley que prohíben al municipio endeudarse sin aprobación previa del Congreso.

El alcalde Urbiola, lejos de promover el diálogo, optó por la confrontación, tachando de ignorantes a los regidores que no apoyaron su propuesta. Este comportamiento no solo es impropio de un funcionario público, sino que demuestra una incapacidad para manejar la crítica y la oposición, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.

Es evidente que el alcalde y sus aliados siguen anclados en una política de imposición y autoritarismo que recuerda a tiempos más oscuros. Sin embargo, las reglas han cambiado. Las leyes actuales no solo limitan el endeudamiento irresponsable, sino que también exigen rendición de cuentas y sancionan a los funcionarios que violen la normativa.

Si el edil persiste en ignorar las leyes y en imponer su voluntad, no solo estará poniendo en riesgo la estabilidad financiera de Rioverde, sino también su propio futuro político y legal. Las multas, inhabilitaciones e incluso la cárcel ya no son meras amenazas, sino consecuencias reales para quienes se niegan a asumir sus responsabilidades, sobre todo porque el futuro político siempre es incierto y no siempre gobernará el partido al que brinque; o no siempre estará del lado del partido que gobierne.

Por primera vez, el Cabildo de Rioverde muestra signos de una verdadera oposición, algo que el alcalde parece no estar preparado para enfrentar. Acostumbrado a una mayoría de “aplaudidores”, su reacción ante la resistencia ha sido la ira y la descalificación, evidenciando una falta de habilidad para liderar en un contexto de pluralidad política.

Rioverde merece un gobierno que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses personales o de grupo. La ciudadanía no necesita espectáculos de insultos y confrontaciones, sino un liderazgo que escuche, dialogue y construya consensos.

Es tiempo de que el alcalde Urbiola y su equipo comprendan que gobernar no es imponer, sino buscar soluciones reales dentro del marco de la legalidad. De lo contrario, los “aplaudidores” podrían terminar acompañándolo en las consecuencias de una gestión marcada por el autoritarismo y la falta de visión.

Por el bien de Rioverde, es hora de pasar de la política de las cavernas a la política de la responsabilidad.

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